En diálogo con Cuarto Poder, la presidenta de transición Dina Boluarte anunció que las propias Fuerzas Armadas investigarán el caso de la muerte de más de 22 manifestantes durante las protestas a nivel nacional en el marco del estado de emergencia que fue apoyada por el propio Ejército peruano.
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De acudero a la jefa de Estado, no solo el Ministerio Público liderará las indagaciones sobre el fallecimiento de estas personas en diferentes regiones del país, sino también las propias FF.AA. La tarea ya fue encomendada al jefe del Comando Conjunto, quien llevará el caso en un fuero militar.
"La Fiscalía ya ha intervenido, están haciendo las investigaciones pertinentes. Antes de venir a tu programa, me he reunido con el jefe del Comando Conjunto para que las muertes en las protestas se puedan investigar en el fuero militar. Ninguna muerte es aceptada, y me duele…", mencionó la mandataria.
Sin embargo, dicha decisión terminó siendo cuestionada, debido a que las Fuerzas Armadas fueron partícipes de las violentas manifestaciones al igual que la Policía Nacional.
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"En noviembre del 2004, la Corte Suprema de Justicia [caso Pomatanta] resolvió que las violaciones de DD. HH. son de competencia exclusiva de la justicia común [Fiscalía y P. Judicial]. Jurisprudencia de la Corte IDH también dice lo mismo", precisó el abogado Carlos Rivera.
En ese mismo sendero opina la jurista Úrsula Indacochea, quien indicó que Boluarte olvida que a Corte IDH estableció que las graves violaciones a los derechos humanos son competencia de la justicia común. "Al llevarlas al fuero militar, Perú violaría derecho al juez competente. Lo contrario generará responsabilidad internacional", agregó el letrado.
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