Pedro Castillo: subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó admitir denuncia constitucional al presidente

Este miércoles 16 de noviembre, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales admitió a trámite, con 13 votos a favor, la denuncia constitucional contra el presidente de la República, Pedro Castillo, por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión.

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"Siendo esta la etapa postulatoria y estando que la denuncia constitucional presentada por el Ministerio Público cumple todos los requisitos de admisibilidad (...) corresponde a esta subcomisión admitir y dar trámite a la presente denuncia constitucional a fin de iniciar las investigaciones dentro del marco del debido procedimiento en sede parlamentaria", manifestó el grupo congresal.

Cabe señalar que la denuncia constitucional ha entrado en una etapa probatoria en la que el jefe de Estado puede ser convocado a ejercer su defensa, antes de que el grupo de trabajo emita su informe final, si este procede pasará a la Comisión Permanente, como antesala de la votación en el pleno, donde, para prosperar, requerirá los votos de la mitad más uno de los legisladores del hemiciclo.

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Denuncia Constitucional

Como se sabe, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó el pasado 11 de octubre la denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo. La medida también alcanza a los exministros Juan Silva Villegas y Geiner Alvarado López, presuntos integrantes de una organización criminal que habría actuado en agravio del Estado.

Además, el mandatario afronta hasta seis carpetas de investigación por parte del Ministerio Público. Los exministros aparecen en algunas de estas carpetas fiscales como investigados por diversas licitaciones de obras, en los que también se encontrarían involucrados sus familiares, como la hermana de Lilia Paredes, Yenifer Paredes.

La titular del Ministerio Público indicó que esta denuncia constitucional se da como parte del hallazgo de una sospecha fundada en la comisión de dichos delitos en los casos denominados ‘Ministerio de Transportes y Comunicaciones’, ‘Puente Tarata’, ‘Petroperú’ y ‘Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento’.