El juez del Primer Juzgado de Paz Letrado de Pueblo Libre y Magdalena de la Corte Superior de Justicia de Lima, Edgar Cayllahua Conde, quien fue denunciado supuestamente por no haber admitido una demanda por alimentos, fue destituido de su cargo.
La Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial (OCMA-PJ), presidida por la jueza suprema Mariem De La Rosa Bedriñana, propone ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la destitución del magistrado Edgard Cayllahua Conde, juez del Primer Juzgado de Paz Letrado de Pueblo Libre y Magdalena, de la Corte Superior de Justicia de Lima, por inobservar inexcusablemente el cumplimiento de sus deberes judiciales.
De acuerdo a los cargos corroborados en la investigación de la OCMA, en el despacho del juez se encontraron expedientes pendientes de sentenciar, expedientes con proyectos de resoluciones pendientes de revisión y firma, pendientes de ser impulsados o resueltos, retardo en la calificación de las denuncias, demandas y en general en la tramitación de los procesos a su cargo; paralizados sin justificación.
Anteladamente, a causa de diversas quejas de litigantes, quienes incluso transmitieron su malestar en medios televisivos, la OCMA ‘visitó’ al juez en su despacho, le abrió procedimiento disciplinario y lo exhortó para que impulse los procesos a su cargo; empero, el magistrado incumplió las recomendaciones, ocasionando perjuicio al servicio de administración de justicia, y a las partes procesales de manera injustificada.
El citado juez, también es sancionado por la falta de control a su personal, ya que, como magistrado y director de procesos, debió supervisar las labores de sus subordinados y, pese haber advertido el incumplimiento de las labores, no efectuó ninguna medida correctiva ni comunicó al órgano de control.
En este contexto, la máxima autoridad contralora, eleva ante el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, la propuesta de destitución en contra del servidor Miguel Ángel Bejarano Bringas, especialista legal de ese despacho judicial, al estar acreditado que no cumplió con dar cuenta oportunamente al juez, escritos en materia laboral, familia y penal; incurriendo en retardo.
Cabe precisar que, la jefa de la OCMA dictó en contra de los citados, una medida cautelar de suspensión preventiva para que no ejerzan ningún cargo en el Poder Judicial, hasta que las instancias correspondientes resuelvan en definitiva sus situaciones jurídicas.
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