Dina Boluarte: Infracción constitucional no la inhabilitaría como vicepresidenta, señala experto

La vicepresidenta del Perú, Dina Boluarte, está siendo blanco de innumerables ataques luego de que la Contraloría General de la República detectara que la abogada firmó documentos públicos para la asociación privada Club Departamental Apurímac. Esto siendo ella ministra de Desarrollo e Inclusión Social.

En ese sentido, se la acusa de haber infringido el artículo 126 de la Constitución Política del Perú, el cual establece que "(...) los ministros no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros (...), ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas". No obstante, ¿cuáles serían las sanciones que recaerían, entonces, en Boluarte Zegarra?

Para el constitucionalista Omar Cairo, de comprobarse que efectivamente Dina Boluarte infringió su deber ministerial, ella podría ser sujeta a un juicio político por parte del Congreso de la República y ser sancionada con la suspensión o inhabilitación del cargo, mas no como primera vicepresidenta del Perú.

"Si se comprueba que ha realizado la conducta que se le atribuye habría infringido el artículo 126 de la Constitución, que contiene un deber ministerial muy preciso que consiste en que los ministros no pueden intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas. Entonces a esa infracción le corresponde sanciones muy precisas que recae solamente en el ámbito de su condición de ministra. Es decir, ella podría ser sujeta de un juicio político en el cual el Congreso decida su suspensión o destitución como ministra", expuso el jurista Omar Cairo.

"Pero de ninguna de manera la inhabilitación de ejercer todo cargo público, porque con eso ya estarían involucrando el cargo de vicepresidenta que tiene actualmente. Y con referencia a ese cargo no ha cometido la infracción. Además, ese cargo no está afectado por el deber al que se refiere el artículo 126 de la Constitución", agregó.

Dina Boluarte: abogado cuestiona el rol de la Contraloría

Cabe recordar que la ministra de Desarrollo e Inclusión Social reconoció que suscribió documentos en beneficio del Club Departamental Apurímac, el cual buscaba la autorización de la Municipalidad de Lima para la creación de un bar-restaurante. Su abogado, Alberto Otárola, la defendió afirmando que Boluarte Zegarra firmó los documentos para esta asociación privada "sin fines de lucro" y que por ello no habría infracción constitucional. Cuestionó el rol de la Contraloría por presentar esta denuncia.