El segundo despacho de la Sexta Fiscalía Corporativa Penal de Cercado de Lima, a cargo de la fiscal Johana Velasco Bardales, inició un proceso de investigación contra la excandidata presidencial, Keiko Fujimori, por el presunto delito de sedición, conspiración para la rebelión, denuncia calumniosa y prevaricato, debido a su insistencia en la teoría del "fraude electoral" en las elecciones generales 2021.
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Según pudo conocer La República, así como a Fujimori, la Fiscalía también dispuso la apertura de dicha diligencia contra Lourdes Flores Nano, Milagros Takayama Jiménez, ex personera legal de Fuerza Popular; Rosangella Barbarán, actual congresista fujimorista; la aprista Nidia Vilvhez, Miguel Torres Morales, Javier Villa Stein y Vladimiro Montesinos Torres.
De la misma manera, se incluyó en este caso a Francisco Baldeón Vellón, el Estudio Muñiz y Rubio Leguía (que apoyó con las impugnaciones de actas de votación), Julio Castiglioni Ghiglino, Rafael López Aliaga (líder político de ultraderecha), César Acuña Peralta, el premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, su hijo Álvaro Vargas Llosa, Dionisio Romero Paoletti, Daniel Córdova Cayo y Jorge del Castillo.
Otros que también figuran son Luis Galarreta Velarde, los parlamentarios Norma Yarrow Lumbreras, Hernando Guerra-García, Jorge Montoya Manrique, Adriana Tudela Gutiérrez así como Alan Kessel del Río y Mario Hart del Águila y Alejandra Baigorria.
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Ante ello, el constitucionalista Víctor García Toma manifestó no estar de acuerdo con la apertura de esta investigación, ya que los investigados "sean de nuestro gusto o no, no han generado actos de violencia colectiva dirigidas a deponer a la autoridad de turno y legítimamente elegidas".
“La Fiscalía no puede ser una mesa de partes donde cualquier denuncia sea objeto de recepción y atención. Primero se debe hacer una adecuada calificación, luego esta debe ser acorde con la realidad. […] Hubo críticas, denuncias y reclamos por el resultado electoral, pero más allá de eso no”, expresó el especialista.
Además, indicó que "ninguna movilización, además, como la de la vacancia o vista en redes sociales contra Pedro Castillo, podría ser considerada como sedición porque hay un derecho a la protesta ciudadana. Estas protestas han sido actos cívicos y pacíficos que no se les puede comparar con sedición".
"Sedición fue lo que hizo Antauro Humala que tomó una comisaría y asesinó a seis policías y declaró que su misión era deponer al entonces presidente Toledo. Una marcha de oposición y reclamo al gobierno no puede ser considerada como delito de sedición, que requiere violencia colectiva para derrocar a una autoridad elegida por el voto popular”, sentenció en diálogo con La República.
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