OSCE intervino 470 procesos de contratación gracias a ciudadanos

Los más de 400 voluntarios incorporados en el padrón de veedores que participan en el Programa de Vigilancia Ciudadana del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) emitieron un total de 470 alertas sobre irregularidades en los procesos de contratación pública a lo largo del presente año.

Dichas alertas de irregularidades corresponden a procesos desarrollados en las regiones Ancash (95), Lima (63), Cusco (51), La Libertad (46), Arequipa (44), Piura (44), Puno (36), Junín (29), Lambayeque (27), Huánuco (13), Cajamarca (8), Tumbes (6), Ayacucho (4), Amazonas (3) y Callao (1), conforme a la información recopilada al 27 de octubre de 2021.

Entre las alertas, destacan aquellas en las que por ejemplo, no todos los miembros del comité de selección que intervienen en representación del órgano encargado de las contrataciones cuentan con la certificación OSCE vigente; o en el requisito de calificación “Habilitación” se han incluido documentos que no resultan idóneos para acreditar la habilitación del proveedor para llevar a cabo la actividad económica objeto de contratación, como la presentación de Constancia de inscripción en el RNP, Ficha RUC o declaraciones juradas; y las bases de la convocatoria no pueden descargarse o su contenido no es legible.

“Dichas alertas han contribuido en la labor del OSCE de intervenir, de manera oportuna, en los procedimientos de selección y disponer las medidas correctivas del caso a las instituciones antes de continuar con las demás etapas”, destacó Antenor Flores, Supervisor de la Subdirección de Procesamiento de Riesgo del OSCE.

El Programa de Vigilancia Ciudadana del OSCE, iniciado en abril de este año, cuenta con civiles de todas las regiones del país entre 19 y 70 años, quienes de manera voluntaria forman parte del control social sobre las contrataciones de bienes, servicios y obras con el Estado.

De esta manera, el OSCE reconoce la importancia del rol ciudadano en las contrataciones públicas, en salvaguarda de la transparencia, integridad y eficiencia en el uso de los recursos públicos.