La congresista de Fuerza Popular, Rosangella Barbarán, afirmó en entrevista a un medio local que el sentenciado expresidente Alberto Fujimori no incurrió en delitos durante los 10 años que tuvo el poder en Palacio de Gobierno y que solo cometió 'errores'. Sin embargo, fue desmentida por el verificador Ama Llulla.
De acuerdo a la legisladora del fujimorismo, "las pruebas (por los casos que fue condenado el exdictador) hasta el día de hoy, no lo inculpan a él". No obstante, revisando al detalle los fallos del Poder Judicial en su contra, se determinó que la afirmación de la parlamentaria es falsa.
¿Cómo se llega a esa conclusión? Respecto a lo mencionado por Barbarán, se sabe que el exmandatario se acogió a la terminación anticipada al reconocer haber cometido hechos delictivos en tres de las sentencias que hasta el momento lo mantienen en prisión. Estas son las siguientes:
En esta sentencia dictada por la Corte Suprema en diciembre del 2007, el exjefe de Estado reconoció haber dirigido y coordinado, en septiembre del año 2000, el allanamiento ilegal de las propiedades de su exasesor, Vladimiro Montesinos, ordenando ilegalmente al comandante Manuel Ulises Ubillús Tolentino que se haga pasar como fiscal para realizar la intervención.
Esto se realizó tras revelarse el primer 'vladivideo', donde se pudo ver cómo el excongresista Alberto Kouri recibe 15 mil soles en la sala del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) a cambio de pasarse a las filas del fujimorismo.
De la misma manera, Fujimori Fujimori también aceptó haber autorizado el pago de 15 millones de dólares a Montesinos Torres utilizando los fondos del Ministerio de Defensa, a través del Decreto de Urgencia N. 081-2000, con el pretexto de llevar a cabo un plan de operaciones de seguridad denominado Soberanía; sin embargo, este nunca existió.
Otras de las sentencias por la que Fujimori se acogió a la terminación anticipada, además de aceptar la pena y la reparación civil que le impuso el Poder Judicial, fue la adquisición de canal Cable Canal de Noticias CCN-Canal 10 y de la línea editorial del medio de prensa escrita Expreso, con dinero público desviado de manera ilegal de los recursos de las Fuerzas Armadas.
Asimismo, aceptó haber coordinado con Vladimiro Montesinos interceptaciones telefónicas ilegales a periodistas y políticos de la oposición al Gobierno dictatorial.
Además, reconoció haber llevado adelante el “Plan Reclutamiento”, el cual consistía en pagar grandes sumas de dinero a congresistas para que estos voten en en Pleno a favor del Gobierno o se pasen a las filas de la bancada oficialista.
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