Puede ser un día histórico. Desde las 10:00 a. m. de este martes 14 de septiembre, el juez titular del Juzgado Penal Supraprovincial Transitorio de Crimen Organizado del Poder Judicial, Rafael Martín Martínez, viene dando lectura a la resolución que decidirá si el exdictador Alberto Fujimori es procesado o no por el caso de esterilizaciones forzadas.
De acuerdo al abogado Milton Campos, del Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (DEMUS) y de las mujeres fallecidas por estas prácticas (Mamérita Mestanza y Cecilia Ramos), se espera que el juez decida abrir la investigación a los imputados, a fin de lograr que las víctimas tengan acceso a la justicia como un acto de reivindicación y reparación.
Asimismo, señaló que existen más de 180 elementos probatorios que presentó la Fiscalía, donde se demostraría la existencia de indicios suficientes para el inicio del proceso, luego de 20 años de espera por parte de las agraviadas.
Uno de los casos es de Cecilia Ramos, quien tenía 34 años al momento de ser sometida a esta intervención en el Puesto de Salud La Legua en Catacaos, Piura, el 3 de julio de 1997, sin tener mayor información previa de los métodos anticonceptivos que existían.
DEMUS precisa que Ramos fue la última paciente de 15 programadas para aquel 3 de julio y, al momento de la operación, sufrió complicaciones que la llevaron a su muerte el 22 de julio del mismo año. La posta médica no contaba con implementos necesarios para salvar su vida.
Por este caso, uno de los imputados es el actual presidente de la Comisión de Constitución del Congreso, Alejandro Aguinaga, quien en el gobierno de Fujimori Fujimori fue ministro de Salud. Además, también están Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer, entre otros, a quienes se le atribuye los presuntos delitos de lesiones graves y lesiones culposas.
El caso comprende a 1316 víctimas provenientes de por lo menos 10 departamentos del Perú, la cual está sustentada en 182 elementos de convicción, entre testimonios de víctimas y de médicos de las zonas donde ocurrieron estos lamentables hechos.
“Han transcurrido 25 años y las agraviadas continúan exigiendo justicia y reparación. Es el momento de que el juez Rafael Martínez abra un proceso penal para que las víctimas no pierdan la esperanza de obtener justicia y que se sancione a los responsables de los graves delitos que se cometieron en contra de ellas", señaló el Área de Defensa LEGAL del IDL.
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