Comisión Permanente aprobó acusar constitucionalmente a César Hinostroza y Tomás Gálvez

La Comisión Permanente del Congreso aprobó la noche de este último martes el informe que acusa constitucionalmente al exjuez César Hinostroza, investigado en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto; al suspendido fiscal supremo Tomás Gálvez; y a los exconsejeros del desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) Julio Gutiérrez y Orlando Velásquez.

Con 16 votos a favor. cero en contra y 2 abstenciones, el grupo de trabajo aprobó acusar a Hinostroza en su condición de exjuez supremo por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, patrocinio ilegal, cohecho pasivo específico, cohecho activo específico y tráfico de influencias agravado.

En tanto, con 15 votos a favor, cero en contra y 2 abstenciones se aprobó sindicar a Gálvez por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, patrocinio ilegal, cohecho pasivo específico, entre otros.

Con otros 16 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones, al exconsejero Gutiérrez se le atribuye la presunta comisión de los delitos de organización criminal y cohecho pasivo específico.

Finalmente, en el caso de Orlando Velásquez, la Comisión Permanente aprobó acusarlo constitucionalmente con 21 votos a favor, cero en contra y una abstención, por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, patrocinio ilegal y cohecho pasivo.

César Hinoztrosa alega "deficiencias" en el informe

Por su parte, César Hinostroza se defendió en la sesión de trabajo y aseguró que el informe elaborado por el congresista encargado de la ponencia, Gino Costa, era "deficiente" porque solo considera lo informado por el Ministerio Público sin realizar una investigación particular.

Asimismo, mencionó que en el grupo de trabajo solo votan "por intereses políticos" y no analizan el caso desde el punto de vista jurídico.

Además, negó que se haya fugado del país y que al momento de partir a España "no tenía ninguna acusación e investigación abierta en su contra", por lo que se considera como un "perseguido político".