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Dictan prisión contra dos fiscales de Huarmey por integrar banda criminal

Dos fiscales provinciales penales de Huarmey integrantes de la organización criminal denominada “Los Injertos de Huarmey”, cumplirán 36 meses de prisión preventiva por orden del Poder Judicial de Ancash

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El Poder Judicial dictó 36 meses de prisión contra la fiscal de Huarmey, Beatriz Gómez Carranza

El Poder Judicial de Ancash dictó 36 meses de prisión preventiva contra dos fiscales provinciales penales de Huarmey, presuntamente acusados de ser el brazo legal de la organización criminal denominada “Los Injertos de Huarmey”, que se dedicaban a la extorsión y sicariato a empresarios y comerciantes, en el norte de Lima.

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El Juzgado de Investigación Preparatoria de Ancash, Víctor Alcócer Acosta encontró graves y fundados elementos de convicción contra los acusados por el delito de organización criminal y cohecho pasivo en agravio del Estado.

Asimismo, determinó que existe peligro de fuga, obstaculización de la justicia y como la pena que podría ser condenado es mayor de cuatro años de pena privativa de la libertad, dispuso su internamiento de la fiscal al penal de Cambio Puente de Chimbote y contraTony Huallpa Chuctaya ordenó su orden de captura a nivel nacional.

Durante la audiencia, la magistrada de la Fiscalía Superior Especializada en Corrupción de Funcionarios del Santa, sustentó los cargos de su denuncia y el requerimiento de prisión preventiva contra los fiscales provinciales de Huarmey, Beatriz Haydeé Gómez Carranza (a) "Pepa" y Tony Huallpa Chuctaya, son acusados presuntamente de pertenecer a la organización criminal.

Informó que dichos fiscales son acusados de brindar protección legal al cabecilla de la organización criminal “Los Injertos de Huarmey”, Pablo Mendoza Chávez “Cheto” y al resto de la banda, además de desviar las investigaciones en su contra e  incluso archivaba las denuncias a cambio de recibir cupos de dinero u otras dádivas. 

La representante del Ministerio Público, presentó varias pruebas como las declaraciones de testigos con identidad en reserva, interceptaciones telefónicas y seguimiento policial, entre otras que determinaron que existen pruebas la responsabilidad de los imputados. 

La fiscal a cargo del caso, Nancy Moreno Rivera, contó con el apoyo de los fiscales María Valencia Pozo e Iván Cipriano Lozano, para argumentar la sustentación de los cargos y acusan a los fiscales presuntamente de haberse encargado de proteger legalmente al cabecilla de la organización criminal, a cambio de beneficios económicos.

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El magistrado, sustentará este viernes 10 de enero, los cargos de pedido de comparecencia con restricciones contra los demás involucrados a la banda criminal, entre ellos la fiscal Patricia Villar Castro, también acusada presuntamente de recibir cupos de dinero de la organización criminal. 

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