César Villanueva internado en clínica tras orden de prisión preventiva en su contra

El juez Jorge Chávez Tamariz ordenó 18 meses de prisión preventiva contra el ex premier César Villanueva en el marco de la investigación por la adjudicación de la carretera San José de Sisa, a la empresa Odebrecht. Tras esta decisión se conoció que el ex jefe de la PCM se encuentra internado en una clínica local desde hace nueve días. 

La prisión preventiva dictada en contra de César Villanueva se da por los presuntos delitos de colusión desleal, aprovechamiento indebido del cargo y negociación incompatible. 

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La orden de prisión preventiva también alcanzó al ex funcionario de la región San Martín, Marco Díaz, quien fue el gerente general del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo que se encargaba del proyecto de la carretera San José de Sisa.

El magistrado Chávez envió los oficios correspondientes a la Policía Nacional para la captura de los imputados. 

Para la fiscalía, César Villanueva habría recibido coimas de Odebrecht cuando era gobernador regional de San Martín para adjudicarse con la obra.

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Según lo indicado por el juez Chávez Tamariz existe peligro de fuga, riesgo procesal y reiterancia delictiva por lo que no es posible dictar una orden de arresto domiciliario como en el caso de Pedro Pablo Kuczynski.

Este hecho de reiteración delitiva se basa en que Villanueva se contactó con fiscales amigos para que estos a su vez lo contacten con uno de los fiscales del Equipo Especial Lava Jato.

Frente a esta decisión, el fiscal Germán Juárez señaló que las personas que actúen en contra de la ley tendrán que asumir las consecuencias. 

Como se conoce, el ex primer ministro contaba con una orden de impedimento de salida del país por 18 meses y el pago de una caución de S/100 mil.

Reiteración de pagos

De acuerdo a los argumentos que ha tomado en cuenta el juez Chávez es que el brasileño  Martorelli ha reiterado que Odebrecht hizo pagos ilegales a César Villanueva para la obetención de la buena pro. Y que además hay graves sospechas de concertación entre la constructora brasileña y los funcionarios del gobierno regional de San Martín.