Ministerio Público investiga mafia que entregaba certificados de descansos médicos a policías por dinero

El Ministerio Público inició investigación contra una presunta red de corrupción que operaría en el Hospital Augusto B. Leguía de la Policía Nacional del Perú, ubicado en el distrito del Rímac, que se habría dedicado a emitir irregularmente certificados de descanso médico al personal policial a cambio de la entrega de sumas de dinero.

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Durante un operativo desarrollado el último viernes,  la Fiscalía Anticorrupción y la División de Investigación de Delitos de Corrupción allanó cinco áreas médicas del nosocomio, así como los domicilios del médico jefe del Servicio de Emergencia, Jesús Antonio Alcántara Chihuán; de los auxiliares de enfermería, Richard Augusto Luque Loayza, Anselmo Camones Gonzáles y Javier Llerena Díaz. 

Asimismo como de las policías femeninas, María Angélica Saldaña Zúñiga y Jarixa Mirella Rosas Palacios.

— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) November 29, 2019

Todos ellos fueron detenidos por las autoridades, como parte de la investigación seguida en su contra por la presunta comisión de los delitos de cohecho pasivo propio y tráfico de influencias, a cargo de 

La fiscal provincial Karla Zecenarro Monge, titular del Quinto Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa de Corrupción de Funcionarios de Lima, quien dirige las diligencias de la declaración de los detenidos, deslacrado de la importante documentación, así como la visualización de información de los teléfonos celulares incautados.

En el domicilio de Richard Augusto Luque Loayza se hallaron dos armas de fuego sin el registro correspondiente, hecho que fue puesto en conocimiento de la Fiscalía Provincial Penal de Turno de Santa Anita para que inicie las acciones correspondientes, por el presunto delito de tenencia ilegal de armas de fuego.

La modalidad de las presuntas acciones delictivas indican que el personal médico y auxiliares habrían cobrado a los efectivos policiales que solicitaban dichos certificados y descansos médicos, con la finalidad de percibir la totalidad de  sus haberes mensuales sin trabajar, amparados en esos documentos, incluso ingresos y atenciones por el servicio de emergencia.

Los policías beneficiados habrían pagado entre 70 a 400 soles, según la ‘gravedad’ de la dolencia y por la cantidad de días que podían obtener, de dos a cinco días de "descanso médico". 

Hasta el momento habría  otros 30 implicados en este caso, según la información detectada por la División de Lucha Contra la Corrupción de la Policía Nacional, que denunció los hechos ante el Ministerio Público.

La presunta red de corrupción vendría operando desde el año 2018. La mayor incidencia en la emisión de los certificados habría sido aquellas fechas cercanas a las principales fiestas del año o fines de semana, según las escuchas telefónicas y el historial de las llamadas y mensajes registrados en los teléfonos celulares incautados.

La diligencia de allanamiento a las viviendas y áreas hospitalarias se realizó de forma simultánea, con la participación de 13 fiscales adjuntos provinciales y un despliegue de numerosos efectivos policiales, bajo la dirección de la fiscal provincial Zecenarro Monge.

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La fiscalía se pronunciará sobre la situación jurídica de los implicados, tras las diligencias de investigación preliminar de los hechos al culminar el plazo de siete días de detención preliminar judicial que concedió el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima.