Poder Judicial apartó a jueza Elizabeth Arias del caso Keiko Fujimori

La Segunda Sala Penal de Apelaciones del Poder Judicial, aceptó apartar a la jueza de investigación preparatoria nacional, Elizabeth Arias Quispe de la investigación seguida contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori por el caso cócteles.

El Colegiado dispuso aprobar la solicitud de inhibición formulada por la magistrada del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional al conocimiento del proceso Nro. 299-2017, alegando que el abogado de Jaime Yoshiyama, Allen Rodas es su amigo.  

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De esta manera el Colegiado presidido por el juez César Sahuanay ordenó que la investigación seguida contra Keiko Fujimori y el partido de Fuerza Popular sea vista por otro juez competente de investigación preparatoria, mediante el sistema aleatorio.

Por lo tanto, el caso deberá ser visto por uno de los jueces Santos Benites Burgos o Víctor Zúñiga Urday.

Como se recuerda, el pasado 18 de enero, la abogada de Keiko Fujimori, Giuliana Loza presentó un escrito solicitando la inhibición de la jueza del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Especializada en Crimen Organizado y Corrupción, Elizabeth Arias Quispe en el caso de lavado de activos que se le sigue a la lideresa de Fuerza Popular, alegando que su estudio de abogados defendió a la magistrada en un caso ajeno que mantuvo en reserva.

La designación se dio luego de que la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional declarara fundada la recusación que presentó la defensa de Jaime Yoshiyama en contra de Richard Concepción.

 La jueza Elizabeth Arias Quispe fue asignada en las investigaciones en reemplazo del juez de investigación preparatoria nacional, Richard Concepción Carhuancho, quien fue recusado por la defensa del empresario Jaime Yoshiyama Tanaka, Humberto Abanto, investigado por lavado de activos en agravio del Estado.

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Por estos hechos, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori cumple 36 meses de prisión preventiva en torno a la investigación que le sigue el Ministerio Público por el delito de lavado de activos, presuntamente por recibir dinero de la empresa Odebrecht para su campaña presidencial en el 2011.