Presidente del Poder Judicial defendió el estatuto de la Sala Penal Nacional

El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez Tineo, inauguró el Año Judicial 2018 y durante su discurso, defendió el nuevo estatuto de la Sala Penal Nacional que fue criticado por el juez Richard Concepción Carhuancho y los integrantes de la Sala Penal Nacional, tras ser apartados del caso Odebrecht.

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Estas palabras las hizo, durante su mensaje con ocasión del inicio del Año Judicial 2018, en el que participaron diversos invitados de diferentes instituciones del Estado, así como autoridades judiciales. A la ceremonia no asistió el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski.

"No estamos disolviendo, no estamos anulando, no estamos suprimiendo la Sala Penal Nacional. Más bien la queremos fortalecer para que trabaje con eficiencia", aseguró Rodríguez durante su discurso en la inauguración del Año Judicial 2018.

Asimismo, dijo que el estatuto de la Sala Penal Nacional le brinda la categoría de Corte Superior de Justicia pero que, para que esto se cumpla, sus miembros deben ser "elegidos o designados por concurso".

Además, descartó que se esté negando a jueces “para que no sean titular”. “Lo son, pero en otros distritos judiciales y no en la Sala Penal Nacional. Para ser titular en una plaza, el único mecanismo que existe es postular y superar un concurso que no lo hace el PJ sino la Consejo Nacional de la Magistratura (CNM)”, argumentó.

“En estos momentos difíciles nos corresponde asumir el rol de brindar sosiego y tranquilidad a las instituciones, a los ciudadanos, porque la función judicial es el último recurso al que se acude cuando las disputas políticas o de otra índole, no encuentran el rumbo correcto y adecuado en su desempeño”, acotó.

En su discurso de orden, Rodríguez Tineo también hizo un balance de las principales acciones realizadas en su primer año de gestión.

El titular del Poder Judicial, también destacó la creación del Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios (SEDCF) para juzgar y resolver los graves delitos en esa materia.

Informó que desde su puesta en funcionamiento, el 31 de marzo del 2017, ese sistema recibió nueve expedientes de la Sala Penal Nacional (seis en etapa de investigación preparatoria y tres sentenciados para audiencia de apelación), así como tres expedientes de los distritos judiciales del Cusco, Ancash y Lima.

Por su parte, el Ministerio Público formalizó tres investigaciones preparatorias y formuló 31 requerimientos, y cinco fueron derivados de otros distritos judiciales que están en etapa de diligencias preliminares. “Este sistema sí está funcionando y trabajando”, remarcó.

Anunció, asimismo, que se ha conformado una Comisión de Trabajo para que en un plazo de 30 días elabore una propuesta para institucionalizar y rediseñar el funcionamiento del SEDCF y para que los jueces sean nombrados por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

En relación con la institucionalización de la Sala Penal Nacional, indicó que fue elaborado el estatuto de esta sala con la categoría de corte superior, con competencia nacional, por lo que sus integrantes elegirán en votación democrática a su presidente/a, así como al jefe de la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura (Odecma).

Anunció, asimismo, que el próximo 16 de enero será firmado el contrato de la construcción del edificio de la nueva Sala Penal Nacional, y los trabajos empezarán el 31 de enero. El costo de la obra asciende a S/ 87 millones.

Rodríguez Tineo no descartó que la Comisión que elaborará el estatuto del SEDCF, podría elaborar una propuesta de mayor alcance para la creación de una Corte Superior Nacional que integre a la Sala Penal Nacional y al SEDCF para que conozcan dos subespecialidades: crimen organizado y corrupción de funcionarios.

En cuanto al trabajo de la Oficina de Control de la Magistratura (Ocma), informó que emitió 5 mil 86 sanciones, entre amonestaciones, multas, propuestas de destitución y suspensiones.

Por su parte, dijo, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, acordó once medidas cautelares (suspensión preventiva), 21 sanciones de destitución y confirmó cinco medidas de suspensión. 

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En otro momento, dijo que la autoridad judicial informó que hasta setiembre del 2017, el Poder Judicial amparó un total de 161 mil 391 denuncias por violencia de género y emitió 57 condenas firmes por delito de feminicidio, así como 1211 condenas por delitos de lesiones en el contexto de violencia familiar.

Adicionalmente, hasta octubre del 2017, la Corte Suprema confirmó 408 condenas por delitos de violencia sexual, 60 de ellas con cadena perpetua.