Diez policías estarían en red dedicada al tráfico de armas

La desarticulación de una organización criminal dedicada al tráfico de armas y entrenamiento de sicarios en instalaciones militares tendría implicados a al menos una decena de policías que aprovecharon su cargo en diferentes comisarías para entregar autos robados al hampa y facilitar los trámites para la adquisición de armas que luego eran usadas por los delincuentes. 

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Además de estos malos agentes, también estarían involucradas notarías y funcionarios de la Sunarp y Sucamec que, de acuerdo con la investigación fiscal, se habrían coludido con Gino Panizo Fernández y los policías Orlando Lliuya Rodríguez y Francisco Rejas Mercado para legalizar los vehículos robados (clonación de documentos).

“También en la adquisición de armas ante Sucamec que luego eran usadas por los sicarios en sus crímenes”, precisó el viceministro del Interior, Rubén Vargas. 

CASO OROPEZA FUE CLAVE

El ministro del Interior, Carlos Basombrío, indicó que la investigación policial que permitió desbaratar esta organización se inició a raíz de la captura de los sicarios que atentaron contra Gerald Oropeza: Jhairol Torres Cáceres (18), Jimmy Néstor Talla Ángulo (28) y José Montes Rengifo (20), el 19 de mayo del 2015, frente al hospital San José del Callao. 

AUTO CLONADO Y ARMAS

Ese día, agentes de la policía descubrieron que los sicarios se trasladaban sospechosamente en un auto con placa clonada e incautaron un fusil de guerra, una mini Uzi, un FAL, dos pistolas, cuatro granadas de guerra tipo piña y más de 50 municiones. 

Sin embargo, no fue hasta principios de abril de este año, tras la sustracción de 130 granadas de la base Punta Lobos, que la policía logró atar cabos e identificar a los proveedores de armas, así como su modus operandi.

El armero técnico de tercera de la FAP Marcelino Ascarruz Chavarría y su promoción de la escuela FAP Roberto Subauste Roca formaban parte de la organización.