Para los ciudadanos comunes y corrientes -señala la propuesta legislativa- la pena sería pena privativa de la libertad no menor de seis ni mayor de diez años.
El Código Penal establece hoy una sanción de no menos de un año ni mayor de tres, y en el caso de funcionarios, la pena se eleva a tres años. Este proyecto promovido por el parlamentario Luis Gonzales Posada, precisa que es necesario la sanción ejemplar para estos inescrupulosos sujetos.
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