Poder Judicial: dictan prisión contra alcalde de Chillia en La Libertad por la irregularidad compra de plantones

El Poder Judicial de La Libertad dictó 18 meses de prisión preventiva contra el alcalde distrital de Chillia, Manuel Fausto Castillo Góngora, junto a otros seis funcionarios, por las presuntas irregularidades en la compra de 20 mil plantones en un vivero de Trujillo, valorizado por un monto de 200 mil soles, durante el proyecto “Mejoramiento de la producción de plantas frutículas en Chillia".

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El Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, encontró graves y fundados elementos de convicción contra el alcalde de Chilia, sus dos hermanos y un funcionario edil, por los presuntos delitos de colusión agravada y otros en agravio del Estado.

En la investigación, están comprendidos el jefe del Programa Agropecuario Municipal y actual candidato a la alcaldía de Chillia, Humberto Hernán Cruz Salas; al subprefecto de Chillia y exalmacenero municipal, Glorioso Villanueva de la Cruz; al asesor legal municipal, Larry Mirko Miñano Cieza.

Asimismo, a los hermanos del alcalde Luis y Yuri Castillo Góngora, gerente y socio de la empresa JESAL S. A. C.; respectivamente, así como al sobrino del burgomaestre, Omar Halston Castillo Bocanegra.

Durante la audiencia, la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios de La Libertad, dijo que todos ellos estarían involucrados en presuntas irregularidades en la compra de 20 mil plantones en un vivero de Trujillo, por un monto de 200 mil soles, y traslado hasta Chillia, distrito de la provincia de Pataz, como parte del proyecto “Mejoramiento de la producción de plantas frutículas en Chillia".

De acuerdo a la investigación del Ministerio Público, el alcalde un sus hermanos habrían intentado archivas sus denuncias con presuntos sobornos que habría solicitado el asesor legal de la municipalidad, como habría quedado registrado en escuchas telefónicas judiciales.

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Esta investigación fiscal se inició el año 2017 y comprendió el levantamiento del secreto de las comunicaciones, seguimientos, además de allanamiento de inmuebles, incautación de documentos y otros.