En el marco de la celebración por el Día del Adulto Mayor, muchas son las reflexiones que surgen para cubrir sus principales necesidades como el de crear políticas públicas que mejoren el estilo de vida de este grupo humanos que continúa creciendo y que actualmente representa el 10.1% de la población nacional, es decir unos 3’250,000 personas y la proyección es que siga en aumento.
Una de las principales observaciones es que a nivel nacional, el 79.1% de la población adulta mayor sabe leer y escribir, el 46.2% no está afiliado a ningún sistema de pensión y el 16.3% no tiene ningún seguro de salud, según información del Instituto Nacional de Estadística e Informática.
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Otro punto es que el 82.5% de la población adulta mayor femenina presenta algún problema de salud crónica. En el caso de la población masculina, este problema afecta al 71.9%. Asimismo, del total de hogares conducidos por adultos mayores, el 24.3% son unipersonales. Según sexo, los hogares unipersonales con jefa adulta mayor son 42.2% y en el caso de los hogares con jefe hombre de 60 y más años de edad son 14.7%.
Estas observaciones hacen notar que la atención del estado para la población adulta mayor no es el mejor, pues hay una serie de derechos que están siendo vulnerados.
Pese al desalentador panorama existen algunas alternativas para no dejarlos en abandono como la Ley de Trato Preferencial, que establece una atención preferente para un grupo poblacional. Usualmente es una ventanilla que recibe a ancianos, mujeres embarazadas, niños y personas con discapacidad, esto ayuda a que los adultos mayores no hagan colas largar para recibir la atención requerida.
Otra de las iniciativas es el impulso que está haciendo la Defensoría del Pueblo para que el Perú se adhiera a la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, el cual plantea nuevos derechos para esta población y obliga al Estado a que estos derechos sean respetados y protegidos.
Sin embargo, estas iniciativas no son suficientes pues tal y como indicó Eugenia Fernán Zegarra, adjunta a la Defensoría del Pueblo, a un medio local que "pese a que la convención interamericana ha entrado en vigor desde este año, el Perú aún no se ha adherido a ella, como sí lo han hecho otros países, como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica y Uruguay".
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Respecto a los avances en Perú, la Cancillería está consultando la problemática a 17 instituciones públicas de diferentes sectores que trabajan sobre los derechos de las personas adultas mayores, para posteriormente elaborar un expediente que pueda ser discutido en el Congreso y ratificado por el Poder Ejecutivo.
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