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Poder Judicial: dos jueces de Ancash y Lima Norte fueron destituidos por corruptos

Los jueces Marco Antonio Torres Torres y Fredy Hugo Arroyo Ramírez, fueron destituidos por el CNM a pedido de la OCMA del Poder Judicial quien los encontró responsables de cometer irregularidades al dictar sus resoluciones judiciales

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Los magistrados del Poder Judicial, Marco Torres Torres y Fredy Arroyo Ramírez fueron destituidos por el CNM

El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), aceptó las propuestas de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) del Poder Judicial, de destitución contra los magistrados Marco Antonio Torres Torres, del Juzgado Mixto de la Provincia de Antonio Raimondi Llamellín, de la Corte Superior de Ancash y Fredy Hugo Arroyo Ramírez, del 4° Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte.

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La Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) del Poder Judicial, que jefatura la doctora Ana María Aranda Rodríguez, dio a conocer que se destituyó a los magistrados, luego de las investigaciones disciplinarias llevadas a cabo por el órgano contralor del Poder Judicial.

En el primer caso, la OCMA determinó que el citado magistrado Torres Torres dispuso indebidamente la adopción de un menor de edad, vulnerándose de ésta forma el debido procedimiento y el Principio del Interés Superior del Niño, lo cual constituye una falta muy grave prevista en la Ley de la Carrera Judicial y que es sancionada con la medida disciplinaria de destitución en el ejercicio de las funciones.

En cuanto al caso del referido magistrado Arroyo Ramírez, la OCMA en la investigación disciplinaria determinó -entre otras irregularidades- que admitió una demanda de amparo pese a la existencia de duplicidad de procesos (direccionamiento) y por mantener relaciones extraprocesales con una de las partes del proceso judicial a su cargo.

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La OCMA reitera a la opinión pública en general, su compromiso de lucha frontal contra la corrupción en el ámbito del Poder Judicial, a la vez que exhorta a los jueces y auxiliares jurisdiccionales, a efectuar sus funciones con apego al marco constitucional y las leyes.

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