La Asociación Distrital de Magistrados de Lima, respaldan a los jueces del Poder Judicial, Iván Sequeiros Vargas y José Neyra Flores, de la demanda por daños y perjuicios que le interpuso el ex alcalde del Callao, Alex Kouri Bumachar, alegando que lo tienen secuestrado, por haberlo condenardo a cinco años de prisión por el caso Convial del Callao.
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Ante la demanda de indemnización por “daños y perjuicios a la persona y daño moral ”interpuesta por el interno de Ancón II, Álex Kouri contra los señores jueces Iván Sequeiros Vargas, por su actuación como integrantes de la Cuarta Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Lima y el juez supremo, José Neyra Flores, de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, dicha institución que representa a los jueces y fiscales de Lima, expresa su total y amplio respaldo a los jueces emplazados judicialmente.
Es pertinente alertar a la opinión pública, que la demanda instaurada contra los dos jueces del Poder Judicial emplazados, es manifiestamente maliciosa y mal intencionada, en razón de que cada uno de los demandados actuaron dentro de dos colegiados, el primero en un colegiado de tres y el segundo en un colegiado de cinco jueces, pero el demandante solo demanda a uno de cada colegiado, indica el comunicado.
Asímismo resulta sorprendente, que demande en la vía civil indemnización por presunto daños y perjuicios como consecuencia de una sentencia que goza de la autoridad de cosa juzgada y tiene validez plena.
Es un deber moral y legal rechazar toda maniobra y acción que tenga como único propósito utilizar el proceso judicial como instrumento de presión o intimidación, precisamente contra los operadores jurídicos que se limitan cumplir con sus funciones jurisdiccionales, impartiendo justicia contra las personas que son procesadas por actos de corrupción.
Hacemos un llamado a todos los operadores jurídicos del Sistema de Justicia, a fin de cerrar filas en defensa del Estado Constitucional de Derecho, es inadmisible y condenable que personas que han actuado al margen de la ley cometiendo actos de corrupción y que por ello previo un debido proceso han sido sancionados, ahora pretendan cobrar sumas millonarias (CINCUENTA MILLONES DE SOLES), por “daños a la persona y daño moral”, jamás cometidos por sus juzgadores.
Nuestra institución rechaza todo acto de amedrentamiento, no solo a los jueces que han sido demandados en este caso en particular, sino a todos los jueces de nuestra República que cumplen cabalmente con el ejercicio de su función jurisdiccional conforme lo manda la Constitución Política.
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En mérito a ello, queremos invocar a todos los magistrados de este digno Poder del Estado, a hacer prevalecer la Constitución y la defensa del ejercicio de la función jurisdiccional que justamente emana de aquella, frente a cualquier tipo de intento de amilanamiento o presión de cualquier índole.
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