Comunidad de Fuerabamba denuncia represión policial por conflicto con minera Las Bambas

La Comunidad Campesina de Fuerabamba, en la provincia de Cotabambas, Apurímac, denunció este 29 de abril una nueva y violenta represión policial en su contra, presuntamente impulsada por la empresa minera Las Bambas S.A., operada por la china MMG Limited. Según los comuneros, el ataque se dio en el contexto de una disputa territorial sobre el predio “Tamboccasa”, que no fue incluido en el proceso de reasentamiento y cuya posesión ancestral pertenece legalmente a la comunidad.

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El presidente comunal, Edison Vargas Huamanga, aseguró que el ingreso al terreno fue forzado y sin autorización, con el apoyo de efectivos policiales y presuntos civiles armados contratados, a quienes identifican como “sicarios venezolanos”. La intervención habría dejado al menos una persona herida en enfrentamientos previos, mientras que en la jornada del 29 se habría producido una nueva represión con múltiples agresiones físicas.

La comunidad sostiene que posee actas policiales, informes de la Fiscalía y oficios de la Defensoría del Pueblo que respaldan sus denuncias, así como documentación que acredita la propiedad comunal sobre Tamboccasa en base al Convenio 169 de la OIT. A pesar de los pedidos de diálogo, aseguran que los intentos han sido respondidos con uso excesivo de la fuerza por parte del Estado.

Según los testimonios recogidos, los comuneros han sido víctimas de violencia sistemática, detenciones arbitrarias y destrucción de propiedad, sin que hasta el momento exista una acción efectiva por parte de las autoridades locales, regionales o nacionales para garantizar sus derechos y su integridad. La comunidad denuncia también la criminalización de la protesta social en beneficio de intereses extractivos.

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El conflicto agrava el historial de tensiones entre la comunidad de Fuerabamba y Las Bambas, uno de los proyectos mineros más importantes del país, conocido por su historial de conflictos socioambientales. La presencia policial en zonas comunales sin orden judicial ha sido ampliamente cuestionada por organizaciones de derechos humanos.

Ante este escenario, los comuneros han solicitado la intervención urgente de organismos estatales como la Comisión de Pueblos Andinos del Congreso, el Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía de la Nación y la Presidencia del Consejo de Ministros, exigiendo el cese inmediato de la represión, respeto al territorio ancestral y una audiencia pública con diálogo vinculante.4o