Los Olivos: Clausuran cabina de internet donde se ejercía la prostitución masculina

En una operación conjunta, personal de la Municipalidad de Los Olivos clausuró un establecimiento que operaba ilegalmente como cabinas de internet, pero que en realidad funcionaba como centro de prostitución masculina. El lugar, ubicado en la intersección de las calles Lorenzo Farfan y Alfredo Mendiola, carecía de cualquier documentación municipal y se descubrió que se realizaban actividades de prostitución y se facilitaban encuentros sexuales entre hombres.

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Encontraron a jóvenes ejerciendo prostitución

El operativo, que tuvo lugar esta semana, llevó al cierre del local donde jóvenes eran encontrados realizando actos sexuales mientras veían películas pornográficas en computadoras instaladas en ambientes insalubres. Un total de 30 personas fueron trasladadas a la comisaría Sol de Oro para las diligencias correspondientes, incluyendo a Asteria Nieto Ayala, identificada como la administradora del establecimiento.

Según declaraciones de las autoridades municipales, el lugar representaba un foco de problemas sociales y sanitarios para la comunidad local. La clausura se llevó a cabo tras investigaciones que revelaron la naturaleza ilícita de las actividades realizadas en el local, las cuales afectaban negativamente el entorno vecinal.

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Trata de personas en el Perú mueve más de 1300 millones de soles al año

Según un estudio presentado por la Defensoría del Pueblo, este delito genera aproximadamente US$ 1300 millones anuales en el país, con US$ 700 millones provenientes de la explotación sexual y US$ 600 millones de la explotación laboral. A pesar de estas cifras alarmantes, el Estado invierte apenas S/ 0.12 por persona en la prevención y persecución del delito, evidenciando una disparidad significativa en los esfuerzos por combatir esta forma de explotación.

El informe también revela la adaptación de los tratantes a las nuevas tecnologías, utilizando redes sociales y espacios digitales para facilitar sus actividades criminales, incluyendo el consumo de pornografía infantil. Esta situación subraya la necesidad urgente de fortalecer la coordinación entre los operadores de justicia y mejorar la capacidad de respuesta del Estado frente a los entornos digitales, asegurando el cumplimiento de políticas que protejan especialmente a niños, niñas y adolescentes en riesgo.