Dictan prisión para abogado por sus vínculos con un ex juez de "Los Cuellos Blancos del Puerto"

El Poder Judicial impuso 18 meses de prisión preventiva contra un abogado que habría instigado el delito de tráfico de influencias en complicidad con un ex presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao sindicado presuntamente de estar vinculado en "Los Cuellos Blancos del Puerto", para direccionar y anular una orden de desalojo en terrenos cuya posesión estaba a cargo de comuneros del fundo Oquendo.

Se trata del abogado Carlos Ubaldo Condorcahuana Roca acusado presuntamente de haber solicitado al ex presidente de la Corte del Callao, Daniel Peirano Sánchez que impida el desalojo de un grupo de usurpadores que se posesionaron por la fuerza de 40 mil metros cuadrados de terrenos agrícolas en el Fundo Oquendo en el Callao con la finalidad de ponerlos a disposición de una inmobiliaria a la que previamente habían vendido dicho predio.

Este desalojo fue ordenado por el Quinto Juzgado de Paz del Callao a cargo de la jueza Julia Vivero Diez en el expediente 5287-2009 en mayo del 2012. El mandato no se llegó a producir porque el ex presidente de la Corte cambió a la jueza.

Como se recuerda, las ex juezas Kelly Ocampo y Vilma Nuñez admitieron haber recibido órdenes para manejar el caso. La denuncia se hizo pública en el 2018 y alborotó el recinto judicial porque salió a la luz a raíz de una grabación en la que una jueza confesó que habría recibido indicaciones del entonces presidente Peirano.

Este caso ha demorado más de tres años en tramitarse ante las instancias de la Fiscalía de la Nación y la Corte Suprema, incluso el ex magistrado Peirano Sánchez, que se jubiló mientras esperaba el juicio, recientemente declaró que intervino en el caso por encargo de un magistrado que por entonces se desempeñaba como presidente del Poder Judicial.

De acuerdo con la resolución, la Sala penal permanente de la Corte Suprema, indica que existe peligro de fuga por parte de Condorcahuana quien además cumple una condena de 4 años y 8 meses de prisión efectiva por el delito de tráfico de terrenos en su condición de abogado de la familia Mujica.