Ollanta Humala: Poder Judicial ordena levantar secreto bancario, tributario y bursátil
El Poder Judicial ordena que la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) y AFP, informen y remitan los detalles que hayan realizado del periodo de enero del 2012 hasta diciembre del años 2022 los investigados.
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El Poder Judicial ordenó levantar el secreto bancario, tributario y bursátil del expresidente de la República, Ollanta Humala Tasso, su esposa Nadine Heredia, y otros investigados, por la investigación seguida en su contra por el caso Centro de Convenciones en Lima.
El juez Jorge Chávez Tamariz, del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, acogió el pedido de la Fiscalía quien investiga a Ollanta Humala, su esposa y otros por el delito de colusión agravada y otros en agravio del Estado.
Además, el magistrado ordenó que las entidades supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) y AFP, informen y remitan los detalles que hayan realizado del periodo de enero del 2012 hasta diciembre del años 2022 los investigados.
Del mismo modo, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) y la Superintendencia del Mercado de Valores deberán reportar todas las operaciones realizadas por Ollanta Humala y Nadine Heredia durante los últimos 10 años por Humala y Heredia.
Además comprenden a los investigados, René Cornejo Díaz, José Luis Díaz Oliden, Jorge Prado Velarde, Luis Tagle Pizarro, Ricardo Salinas Vilcachagua, Luis Barbieri Quino, Paola Avalos Medina, Claudia Salaverry Hernández, Wilhelm Eduardo Funcke Figueroa, Gina Scerpella Cevallos de Valcárcel, Enrique Hernández Paniagua, Manuel Balcazar Vásquez, Badur Huamán Cornejo, Ricardo Cárdenas Infante, Milton Von Hesse La Serna y Jesús Abugattas Abuid.
Asimismo, pide desde el periodo de enero del 2015 hasta diciembre del 2022 de Adrián Delgado Marchello.
El ex mandatario Ollanta Humala, su esposa Nadine Heredia, ex ministros y ex funcionarios de su gobierno son investigados presuntamente por haber favorecido a la constructora OAS en el proyecto "Instalación de un Centro de Convenciones en Lima", que ocasionó un perjuicio económico al Estado de 140 millones 996 mil 792 soles.
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