Denuncian que irregular acción judicial dejó más de 700 comerciantes en la calle

Más de 700 familias sienten que su capital se fue al agua producto de una presunta irregularidad en la decisión judicial que los despojó de sus negocios. Se trata de los integrantes de la Federación de Empresarios de Insumos para la Industria Rímac-Caquetá que vienen luchando varios años para que se les permita volver a sus stands del predio ubicado en la Av. Próceres 1098, del distrito bajopontino.

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La representante legal de la federación, Verónica Mullisaca, sostuvo que esta decisión fue arbitraria porque, en 2017 se terminó beneficiando a la Asociación de Comerciantes Perú al Futuro que ocupa actualmente el centro comercial de más de 8,000 metros cuadrados y que cuenta con más de 700 stands. Con la decisión judicial, en lo penal, ellos fueron desalojados, pese a que, en 2010, en la vía civil se les había ratificado la posesión y los miembros de la citada asociación fueron retirados.

“Son 700 familias. A raíz de ese despojo nosotros hemos marchado frente al despacho del juez que ejecutó el lanzamiento irregular y arbitrario. Nunca hemos sido parte del proceso, ni hemos sido emplazados, hemos sido sorprendidos y de la noche a la mañana estamos en la calle”, apuntó.

Por su parte, el abogado Efraín Fernando Díaz Valdivieso, precisó que a la federación no se le ha respetado sus derechos como propietarios y posesionarios. Indica que habría indicios de corrupción en la decisión judicial que termina afectando a los comerciantes. Cabe indicar que el caso fue visto por el juez Julio César López Castro. “Esto es como premiar a un inquilino moroso que dejó de pagar y se le da el derecho a quedarse en la propiedad. La decisión del juez es una violación a la cosa juzgada”, apuntó.

Presidente de la asociación goza del alquiler de los stands, el abogado Efraín Díaz Valdivieso precisó que quien tiene la posesión de la totalidad del predio es el presidente de la Asociación de Comerciantes Perú al Futuro, Darío Basilio Ramos, quien estaría gozando de todos los beneficios gracias al alquiler de los stands.

Además, recordó que el terreno fue comprado al Estado en 2007 por cerca de US$ 1.8 millones y las autoridades no cumplieron con la inscripción del predio, y en medio de esta situación los dirigentes de la federación tomaron posesión y sus dirigentes fueron denunciados por usurpación. Producto de esta situación judicial, con sentencias condenatorias de por medio, el único beneficiado fue la citada asociación dejando de lado a la federación, lo que es considerado por el abogado como una arbitrariedad.

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