Fiscalía pide más de 9 años de cárcel para la hermana de la ex presidenta del Poder Judicial
La Fiscalía Anticorrupción de Lima pide la inhabilitación para ejercer un cargo público por el mismo plazo de la condena contra Rocío Barrios Alvarado y otros cinco ex funcionarios del gobierno de Ollanta Humala.
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La Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, solicita nueve años y tres meses de pena privativa de la libertad para la hermana de la jueza suprema Elvia Barrios, Rocío Ingrid Barrios Alvarado presuntamente por apoderarse del dinero del Estado entre los meses de julio a diciembre de 2014, cuando se desempeñaba como directora general de la Oficina de Asuntos Administrativos de la Presidencia del Consejo de Ministros durante el gobierno de Ollanta Humala.
Asimismo, pide esta misma pena para los ex funcionarios Carlos Enrique Escalante Coca, Angel Eulogio Portugal Vargas, Angel Leonardo Cornejo Alejandro, Carmen Rut Ibárcena Espinoza y Anthony Elías Torres Luna, tras acusarlos presuntamente de ser cómplices en el delito contra la administración pública en la modalidad de peculado doloso en agravio del Estado.
El Ministerio Público pide la inhabilitación del cargo por el mismo plazo de la condena y el pago de 354,558 soles de reparación civil por daño patrimonial y extrapatrimonial.
El fiscal anticorrupción Edwin Manrique Durán, le imputa a Rocío Barrios Alvarado y otras cinco personas el haberse apropiado de dinero del Estado, para lo cual simularon haber contratado, entre los meses de julio a diciembre de 2014, presuntos servicios de la empresas Casa Importadora Andrea SAC y Grupo Torres & Torres Luna SAC, para la prestación de los servicios de mantenimiento correctivo, para 40 vehículos, pertenecientes a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), por un costo total de 177,279 soles.
Habiendo los servidores y funcionarios de la PCM, coadyuvando para el reconocimiento de la referida deuda sin que existan las respectivas órdenes de servicio ni las constancias de conformidad, ni evidencias de haberse realizado el servicio; teniendo que, por la prestación del supuesto servicio, a la empresa Casa Importadora Andrea SAC, se le reconoció la deuda por la suma de S/ 110,123.83, mientras a la empresa Grupo Torres & Torres Luna S.A.C. se le reconoció la deuda hasta por la suma S/ 67,155.67.
El Juzgado Penal Colegiado de Lima inició ayer el juicio oral contra Rocío Barrios Alvarado tras ser acusada presuntamente de ser autora del delito contra la administración pública en la modalidad de peculado doloso, por apropiación para otro, en agravio del Estado.
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