Cajamarca: jueces informaron el estado de expedientes en audiencia pública extraordinaria

La Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, realizó una audiencia pública extraordinaria, con la finalidad de comunicar a la población cajamarquina y comunidad jurídica, el estado de los procesos tramitados en este tribunal, bajo las normas del Código de Procedimientos Penales de 1940.

Esta audiencia se realizó en mérito a la Resolución Administrativa n.° 325-2023-P-CSJCA-PJ de fecha 16 de marzo del 2023, por los magistrados integrantes de la Primera Sala Penal de Apelaciones, en adición de funciones de Sala Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca: Ricardo Sáenz Pascual (presidente), Jorge Fernando Bazán Cerdán y Domingo Alvarado Luis.

De esta forma, se convocó a la audiencia pública extraordinaria a las tres fiscalías superiores penales de Cajamarca, la defensoría pública de Cajamarca y al Instituto Nacional Penitenciario de Cajamarca y Chota (en este último caso, para que informe sobre los internos que tuvieren procesos pendientes de juzgamiento).

Por lo que, con la debida información remitida por los establecimientos penales, así como el Juzgado Especializado de Extinción de Dominio en adición de funciones a Juzgado Penal Liquidador, se dio cuenta sobre la cantidad y estado de los procesos pendientes de resolver.

Así, se detalló que a la fecha la Sala Liquidadora, cuenta con 78 procesos, de los cuales 1 se encuentra en trámite, 71 en reserva, 5 en juzgamiento y 1 pendiente de ser enviado al archivo central.

Asimismo, se detalló que existen 28 procesos por el delito de homicidio, 3 por parricidio, 1 por lesiones, 31 por violación sexual, 4 por tráfico ilícito de drogas, 4 robo agravado, 4 por peculado y 3 por el delito de secuestro.

La finalidad de la audiencia pública extraordinaria es garantizar el derecho de toda persona procesada a ser juzgada dentro de un plazo razonable e informar a la población sobre los procesos penales en trámite, en concordancia con los estándares del debido proceso señalados por la Corte Suprema de Justicia de la República, la Constitución Política del Perú y las normas internacionales sobre derechos humanos.