Poder Judicial ordenó la libertad del ex gobernador regional de San Martín
El Poder Judicial, dispuso comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país contra el ex gobernador regional de San Martín Pedro Bogarín Vargas, su hijo y dos ex funcionarios.
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El ex gobernador regional de San Martín, Pedro Bogarín Vargas recuperó su libertad, luego que el Poder Judicial le revocó la medida de prisión preventiva en la investigación seguida presuntamente por liderar una organización criminal dedicada a direccionar licitaciones por más de 300 millones de soles en favor de empresas afines a los funcionarios del citado gobierno regional.
La Sala Penal de Apelaciones de Emergencia revocó resolución de primera instancia que dictó 24 meses de prisión preventiva contra el ex gobernador regional de San Martín, Pedro Bogarín Vargas y otros tres ex funcionarios investigados por presunto delito de colusión y organización criminal.
El Colegiado ordenó la inmediata libertad de Pedro Bogarín Vargas, su hijo Iván Bogarín Urmachea los ex funcionarios César Panduro Ruíz y José Aro Cotrina, siempre y cuando no exista alguna otra orden de detención emitida por autoridad judicial competente.
Dispuso el impedimento de salida del país por el plazo de 18 meses a los investigados y cursará los oficios respectivos a las entidades públicas correspondientes.
Además, les impuso una caución por el monto de 100 mil soles a Pedro Bogarín Vargas y 50 mil soles para su hijo Iván Antonio Bogarín Urmachea, mientras que Panduro Ruíz y Aro Cotrina deberán pagar 20 mil soles de caución cada uno que deberá depositarse en el Banco de la Nación, bajo el apercibimiento de revocarse la medida de comparecencia con restricciones e imponerse mandato de prisión preventiva.
El tribunal dictó las reglas de conducta, como la obligación de informar sus actividades ante el juez que conoce del proceso penal
que se le sigue, cada 30 días, mediante informe escrito y a través del Control Virtual Penal de Procesados y Sentenciados Libres, concurrir a todas las citaciones fiscales y judiciales y la obligación de no ausentarse de la localidad en la que reside, sin previa autorización expresa de la autoridad judicial.
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