¿Confirman paro nacional indefino durante APEC? Descubre al gremio que tomará radical medida

En un nuevo capítulo de tensiones laborales en el sector público, casi 18 mil trabajadores del Ministerio Público han anunciado que llevarán a cabo una huelga nacional indefinida en demanda de mejores condiciones salariales y un aumento en el presupuesto destinado a la institución. Esta medida, según adelantó la Federación Nacional de Trabajadores del Ministerio Público, busca visibilizar las precarias condiciones laborales que enfrentan y su lucha por una remuneración justa en el sistema de justicia. ¿Qué día inician su huelga?

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¿Huelga nacional indefinida coincidirá con el foro APEC?

David Hereña, secretario general de la federación, informó que este miércoles 6 de noviembre se definirá la fecha de inicio de las manifestaciones, las cuales se llevarán a cabo en las distintas sedes del Ministerio Público en el país. La decisión podría coincidir con la próxima cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), con el fin de captar la atención de autoridades nacionales e internacionales.

La situación crítica en instituciones como la Morgue Central de Lima es uno de los aspectos que más preocupan a los trabajadores. Según Hereña, la falta de equipos esenciales, así como de personal médico legista y técnicos en necropsia, ha generado un ambiente de trabajo peligroso e insalubre. “Los compañeros están trabajando en condiciones paupérrimas, sin un equipo de protección personal adecuado que permita su seguridad y bioseguridad”, señaló el dirigente.

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"Trabajadores del Ministerio Público son los peor pagados"

Esta problemática pone en evidencia la situación de descuido que, según los trabajadores, vive el Ministerio Público en términos de presupuesto y condiciones laborales. Los empleados afirman que estas deficiencias no solo afectan su bienestar, sino que también impactan negativamente en la calidad y rapidez de la justicia para los ciudadanos.

Hereña también enfatizó que los empleados del Ministerio Público se consideran “los peor pagados” dentro del sistema de justicia, situación que consideran injusta y discriminatoria frente a otros sectores del Estado. Esta diferencia, aseguran, ha contribuido a un ambiente de desmotivación y desgaste que no solo afecta a los trabajadores, sino que también repercute en la efectividad de los servicios que brindan.