¿HASTA 8 AÑOS INTERNADOS? Romy Chang explica qué podría pasar con los 10 MENORES investigados por CASO LICEO NAVAL

El caso del Liceo Naval Almirante Guise, en San Borja, continúa generando interrogantes sobre las posibles consecuencias legales para los diez adolescentes investigados por la presunta agresión sexual contra un compañero de 16 años de edad. La abogada penalista Romy Chang explicó que, debido a que se trata de menores de edad, no enfrentarían una pena de prisión como un adulto, sino medidas socioeducativas establecidas por la legislación especial.

Durante una entrevista con Canal N, la especialista indicó que la conducta investigada puede ser considerada una infracción a la ley penal y que cualquier eventual sanción dependerá de las circunstancias del caso y de lo que determinen las autoridades.

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¿Los menores investigados podrían recibir hasta 8 años de internamiento?

Según explicó Chang, una de las medidas socioeducativas que podría disponerse es el internamiento en un centro juvenil, cuyo periodo podría oscilar entre 4 y 8 años, dependiendo de la gravedad de los hechos y de la evaluación judicial.

Esto no significa que los diez adolescentes recibirán automáticamente dicha medida. Primero deberán desarrollarse las diligencias fiscales y establecerse la participación y responsabilidad individual de cada investigado.

La penalista precisó que, aunque un menor puede incurrir en una conducta que para un adulto constituye un delito, el sistema jurídico aplica un régimen distinto cuando se trata de adolescentes.

¡Investigación podría ampliarse! Adultos también podrían ser evaluados

Romy Chang señaló que la Fiscalía deberá reconstruir qué ocurrió durante el traslado en el que presuntamente se produjo la agresión y determinar qué adultos tenían responsabilidad de supervisión sobre los estudiantes.

Si durante la investigación se comprobara que algún adulto conocía lo que estaba ocurriendo y no intervino, la Fiscalía podría evaluar una eventual responsabilidad por omisión. También deberá descartarse si alguna persona promovió o instigó las conductas investigadas.

En caso aparezcan elementos que involucren penalmente a un adulto, esa parte de la investigación podría pasar al ámbito de una fiscalía penal ordinaria.

¿El colegio también podría enfrentar consecuencias?

Chang sostuvo que también deberá analizarse si el Liceo Naval Almirante Guise cumplió los protocolos de prevención y actuación frente a situaciones de violencia escolar.

La especialista remarcó que las instituciones educativas tienen la obligación de activar protocolos ante situaciones de violencia y garantizar una adecuada supervisión durante excursiones, viajes o actividades desarrolladas fuera del plantel.

Bullying y violencia escolar: ¿qué dice la especialista?

Chang precisó que el bullying, por sí solo, no constituye una figura específica delictiva en el Código Penal, aunque determinadas conductas realizadas dentro de ese contexto sí pueden configurar infracciones o delitos dependiendo de sus consecuencias.

La penalista también consideró necesario evaluar mecanismos para proteger a las víctimas y evitar escenarios en los que deban volver a compartir espacios educativos con quienes son investigados como sus presuntos agresores.

Finalmente, señaló que la prioridad debe ser la recuperación integral del adolescente afectado y que, de establecerse responsabilidades, también podría discutirse una eventual reparación civil por los daños ocasionados.