José Nenil Medina, alcalde de Anguía, podría pasar 23 años en prisión, según la Fiscalía

El alcalde del distrito de Anguía (Cajamarca), José Nenil Medina Guerrero, podría pasar 23 años en prisión, según el fiscal Jorge García, representante del Ministerio Público. En ese sentido, la autoridad indicó esto durante la audiencia del sindicado como cajero del presidente de la República, Pedro Castillo.

Además, explicó que el burgomaestre se enfrentaría a esta pena si es hallado culpable por los delitos de organización criminal, lavado de activos y colusión agravada.

Asimismo, detalló que el delito de lavado de activos tiene una pena mínima de lavado de activos tiene una pena mínima de 8 años; el de colusión agravada bajo una organización criminal, 15 años; y el de organización criminal, 8 años de prisión efectiva.

“Por lo tanto, la prognosis de la pena supera en exceso la exigencia de que la sanción a imponerse sea superior a cuatro años establecidos en el artículo 268 letra b del Código Procesal Penal”, aseveró.

Del mismo modo, el fiscal refirió que el alcalde de Anguía forma parte del denominado “gabinete en la sombra” de Pedro Castillo y habría tenido la función de “operador” en una supuesta organización criminal que tendría como finalidad adjudicar obras de manera irregular.

“[Medina] tenía una labor fundamental en la organización macro. Tenía llegada, confianza, mucha amistad con el presidente. Formaba con otras personas, Abel Cabrera, Alejandro Sánchez Sánchez, Salatiel Marrufo y otros, el ‘gabinete en las sombras’”, enfatizó.

Red criminal

Esta organización criminal también tendría la participación como lobbistas de dos hermanos de la primera dama, Walter y David Paredes, además de Rudbel Oblitas Paredes, sobrino político de Pedro Castillo. La tesis fiscal también apunta a un "Gabinete en la sombra" conformado por un grupo de profesionales que, de manera ilícita, tomaron decisiones para beneficiarse.

De igual forma, contaba con personas encargadas de asegurar los lobbies ilícitos, entre ellos los colaboradores Karelim López y Zamir Villaverde y dentro del Ministerio de Vivienda a Yenifer Paredes, quien sería la encargada de coordinar y contactar a diferentes alcaldes para "negociar" obras de manera ilícita.