Junín: gobernador regional fue detenido en flagrancia por sobornar a consejeros
El Ministerio Público de Junín investiga a Clever Mercado Méndez por pretender dirigir la entrega de dinero a consejeros regionales para que voten a favor de su permanencia en el cargo.
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El gobernador regional interino de Junín, Clever Mercado Méndez fue detenido en flagrancia por la policía anticorrupción y por personal del Ministerio Público, tras ser acusado presuntamente por sobornar a varios consejeros a cambio que emitan su voto en contra del retorno del gobernador Fernando Orihuela Rojas.
El Tercer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Junín participó en la detención policial en flagrancia de Clever Mercado Méndez, gobernador regional encargado de Junín, en el marco de una investigación preliminar por el presunto delito de tráfico de influencias.
La intervención se realizó hoy alrededor de la 1 de la tarde, en la vivienda de Mercado Méndez ubicada en la ciudad de Huancayo, en presencia del fiscal a cargo, Aladino Lazo Pacheco y con apoyo de personal de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional.
Esta diligencia fue ejecutada por el Ministerio Público, en el marco de una investigación que inició por la presunta entrega de sobornos a consejeros regionales con la finalidad de que estos voten en contra del retorno del gobernador Fernando Orihuela Rojas actualmente de licencia y permanecer en el cargo.
Como origen de esta imputación, el gerente de Infraestructura del Gobierno Regional de Junín, Gerardo Portocarrero Almonacid, fue detenido ayer en flagrancia en un operativo dirigido por el Ministerio Público tras recibir una denuncia por este hecho.
Durante la intervención, se le halló un total de 42,850 soles, que se encontraban divididos en S/10 mil, S/8 mil, S/ 3 850 y en siete sobres conteniendo S/3 mil cada uno– que presuntamente estaban destinados al pago de los sobornos.
La Fiscalía Anticorrupción actúa con orden, celeridad y firmeza ante cualquier delito cometido por funcionarios o servidores públicos, que ponga en riesgo o afecte el correcto uso de los fondos públicos.
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