Dina Boluarte: declaran procedentes denuncias constitucionales en su contra por caso club de Apurímac

Congreso. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales decidió aprobar la acusación contra la vicepresidenta por presuntamente vulnerar los artículos 38 y 126 de la Constitución.

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Boluarte es acusada de haber intervenido en la gestión de la asociación privada Club Departamental Apurímac mientras ejercía como titular del Midis.
Boluarte es acusada de haber intervenido en la gestión de la asociación privada Club Departamental Apurímac mientras ejercía como titular del Midis.Crédito: Gerardo Marin Salvador /GLR.

La mañana de este martes 14 de junio, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó el informe que plantea declarar procedente las denuncias constitucionales contra la vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, por haber ejercido como presidenta del Club Departamental Apurímac cuando ya era funcionaria.

El referido documento fue llevado adelante con 9 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones, el cual contó con el respaldo de las bancadas de Fuerza Popular, Renovación, Avanza País, Alianza para el Progreso, Somos Perú y Acción Popular. En tanto, el vocero de Perú Libre, Waldemar Cerrón, no votó.

Según indica el informe, la también ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) habría vulnerado los artículos 38 y 126 de la Constitución Política del Perú, tal y como lo advirtió el pasado 20 de mayo la Contraloría General de la República.

"Los ministros no pueden ejercer otra función pública, excepto la legislativa. (…) Los ministros no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas", precisó el texto del organismo de control.

En conclusión, la vicepresidenta es acusada de haber intervenido en la gestión de la asociación privada Club Departamental Apurímac mientras ejercía como titular del Midis, lo cual representaría una presunta infracción a la Carta Magna por llevar a cabo labores en el rubro privado cuando ya era funcionaria del Estado.

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