Fiscalía pide 15 años de cárcel para gobernador regional del Callao

El Ministerio Público del Callao, solicita 15 años de pena privativa de la libertad contra el gobernador regional del Callao, Dante Mandriotti Castro, tras acusarlo presuntamente de estar vinculado en la organización criminal "Los Malditos de Angamos", integrado por cinco policías que se dedicaban al sicariato y cobrarles cupos a empresarios, a cambio de no poner en riesgo la integridad de los afectados.

El Primer Equipo de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste presentó requerimiento acusatorio ante el Poder Judicial contra el gobernador regional del Callao, Dante Mandriotti Castro a quien lo acusa presuntamente de ser el financista de la red criminal y contra otros 28 procesados, acusados por la comisión de delitos de organización criminal agravado, extorsión, sicariato, cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial y otros.

El representante del Ministerio Público solicitó, además 35 años de pena privativa de la libertad para otros siete procesados, acusados por el delito de sicariato.

Asimismo, demanda 17 años de prisión contra el ex comisario de la dependencia policial de Ventanilla, Marco Antonio Gonzales Villón que laboraba en el 2018 y para Pedro Deza Loyaga, mientras que para otros cuatro efectivos de la Policía Nacional sindicados presuntamente de favorecer al grupo criminal brindándoles datos privilegiados sobre operativos y patrullajes en los sectores donde realizaban su accionar delictivo, solicita 12 años de cárcel.

En esta etapa del proceso, el fiscal provincial Christian Santamaría Zavala ha solicitado también el pago de 201 mil soles por concepto de reparación civil y el decomiso de todos los bienes incautados como vehículos, motos, celulares, dinero y efectos que provendrían de los hechos ilícitos.

Según precisó el representante del Ministerio Público, este requerimiento fiscal cuenta con sólidos medios de prueba como reportes bancarios, declaraciones de testigos, agraviados, sentencias de colaboración de eficaz y pruebas anticipadas, así como escuchas telefónicas que corroborarían que los acusados formarían parte de esta organización criminal.

Según la investigación fiscal, esta organización criminal coaccionaba a los representantes de empresas constructoras para incorporar en sus planillas a trabajadores fantasmas a quienes se les asignaba el pago de cuotas sindicales, sin ejercer trabajo alguno. Esto a cambio de no poner en riesgo la integridad de otros trabajadores.

La hipótesis fiscal indica que los acusados habrían incrementado su accionar al insertar entre sus filas a políticos y efectivos policiales, quienes coadyuvaron para que no se les investigue, sancione o persiga.