Dictan comparecencia con restricciones para la empresaria Karelim López

El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima dispuso comparecencia con restricciones contra los funcionarios de Provias Descentralizado y la empresaria Karelim López Arredondo para afrontar la investigación seguida en su contra por el caso Puente Tarata III.

El magistrado declaró fundado el pedido del Ministerio Público de dictar comparecencia con restricciones también para el empresario Héctor Pasapera López, Víctor San Miguel Velásquez y los funcionarios Marco Pasapera Adrianzen y Alcides Villafuerte Vizcarra.

El juez Manuel Chuyo Zavaleta también resolvió imponer el pago de una caución de entre 10 mil y 15 mil soles a los investigados, las mismas que deberá ser abonadas dentro de los 15 días posteriores a la lectura de la presente resolución.

La Segunda Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, investiga a Arnulfo Bruno Pacheco Castillo, imputa a los investigados por presuntos actos de corrupción respecto a la Licitación Pública N° 01-2021-MTC/12 ‘Construcción del puente vehicular Tarata sobre el río Huallaga, provincia de Mariscal Cáceres, región San Martín’, convocada por Provias Descentralizado en la que se otorgó la buena pro, entre el 1 de mayo y el 28 de noviembre de 2021, al Consorcio Puente Tarata III, por la suma de S/ 232’587,014.30.

Durante las investigaciones efectuadas por el Ministerio Público se ha identificado una serie de irregularidades en dicha licitación, en las que estarían involucrados los miembros del comité de selección Víctor Valdivia Malpartida y Edgar Vargas Mas, los representantes del consorcio Puente Tarata III, las empresas vinculadas a este y los investigados Bruno Pacheco Castillo y Karelim López Arredondo, que habrían tenido como finalidad favorecer al consorcio ganador.

Los miembros del comité de selección Víctor Valdivia Malpartida y Edgar Vargas Mas habrían otorgado indebidamente la buena pro al Consorcio Puente Tarata III, pese a que este no habría acreditado la experiencia requerida en las bases para este tipo de obras.

Asimismo, se evidenciarían presuntas intervenciones del funcionario de Provias Descentralizado Alcides Villafuerte Vizcarra y los empresarios Luis Pasapera Adrianzén, Marco Pasapera Adrianzén, Marco Zamir Villaverde García, los sobrinos del presidente Pedro Castillo, Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez, en el direccionamiento de la adjudicación de la buena pro de referida la licitación pública.

Estos actos se habrían realizado en acuerdo de voluntades con los imputados Víctor Valdivia Malpartida y Edgar Vargas Mas (miembros del comité especial de Provias Descentralizado) y los investigados Héctor Pasapera López, George Pasapera Adrianzén, Víctor San Miguel Velásquez y Karelim López Arredondo, todos ellos en representación de las empresas favorecidas, para lo cual se contó con la intervención de Bruno Pacheco Castillo, cuando se desempeñaba como Secretario General del Despacho Presidencial.

La tesis fiscal señala que en el presunto direccionamiento de obras licitadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, entre ellas, obras de Provias Descentralizado, Zamir Villaverde García habría recibido beneficios indebidos y también habría otorgado beneficios indebidos a Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez como contraprestación por las gestiones realizadas por estos a través del otorgamiento de vehículos y departamentos para su uso personal, entre otros, conforme a lo declarado por la investigada Karelim López Arredondo.