Defensoría del Pueblo solicita renuncia del presidente Pedro Castillo
Ante la crisis política y social que enfrente el Perú, el defensor Walter Gutiérrez le solicitó al jefe de Estado.
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Debido a la crisis política y social que atraviesa el país, la Defensoría del Pueblo se dirigió al presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, y le solicitó que, en salvaguarda de los derechos fundamentales, realice un acto responsable con el país y leal con la Constitución, procediendo a presentar su renuncia al cargo de mandatario para comenzar un “curso de salida frente a esta grave crisis.”
A través de un documento enviado este sábado 9 de abril, la institución expresó su postura frente a la “grave crisis política en la que se encuentra el país” y manifestaron que son conscientes de que es necesario se supere esta situación.
En esa línea, recalcaron que su función es ser garantes de los derechos fundamentales de la población, así como también son los encargados de supervisar una adecuada prestación de servicios públicos y del cumplimiento de los deberes de la administración estatal.
Además, en el oficio señalan que, entre sus consideraciones para pedir la renuncia, está que la entidad realizó reiteradas advertencias respecto al incumplimiento del mandato constitucional, que obliga al Estado a que garantice la vigencia de los derechos humanos y también al presidente a cumplir con la Constitución y ordenamiento jurídico.
Asimismo, la Defensoría presenta como otra de sus razones que existe un acelerado deterioro de la administración pública y retrocesos en las políticas públicas.
De igual forma, dentro de ello hace mención a que se designó como ministros de Estado y altos funcionarios a personas que no resultaron idóneas para los cargos debido a que no tienen experiencia o porque están vinculados a “ilícitos penales o casos de violencia contra las mujeres.”
El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, también incluyó a la lista de consideraciones la inmovilización social obligatoria que el presidente Castillo decretó para el 5 de abril, la cual es considera como una medida inconstitucional.
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