Comisión que "investiga" el falso fraude electoral se gastó cerca de S/ 150.000 en solo 4 meses
El grupo de trabajo presidido por Jorge Montoya despilfarró dicho monto en el pago de asesores. Entre ellos está un militante de Renovación Popular y dos exintegrantes de la comisión Lava Jato de Rosa Bartra.
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Desperdicio. En tan solo cuatro meses, entre octubre de 2021 y enero de este 2022, la comisión que investiga el supuesto fraude de las últimas elecciones presidenciales, presidido por el congresista de Renovación Popular Jorge Montoya, se gastó 148.478 soles para pagar asesores, además de otros gastos administrativos.
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Según se detalla en el informe desarrollado por el área administrativa del Legislativo, al que tuvo acceso La República, hasta enero de este año dicha comisión despilfarró 144.194 soles para pagar el sueldo de dos asesores II y dos técnicos. Ellos son Roque Augusto Bravo Basaldua y Andrés Eduardo Salas Jaén; y Daniel Ernesto Rodríguez Sánchez y Federico Guillermo Muñiz Salmón, respectivamente.
Cabe resaltar que Bravo Basaldua y Rodríguez Sánchez ya han trabajado antes en el Congreso, específicamente en la cuestionada comisión Lava Jato, presidida por la exparlamentaria Rosa Bartra, quien fue cuestionada por excluir en las acusaciones al expresidente Alan García y la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, en el informe final.
Así también se encuentra Muñiz Salmón, quien fue incluido como testigo en la investigación que se le sigue a Fujimori Higuchi por lavado de activos, ya que su nombre aparece en la relación de aportantes que presentó la propia Keiko ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
Piden la desactivación de la comisión
El grupo de trabajo inició sus "investigaciones" sobre el falso fraude en septiembre del 2021 y pidió un plazo de 120 días para sus conclusiones. Esta vencerá entre la primera y segunda semana de marzo. En tanto, el legislador de Perú Libre, Elías Varas, presentó una moción de orden del día para pedir la desactivación de la comisión en mención.
Esto, por "carecer de objetividad para seguir en funciones, toda vez que no ha logrado hasta la fecha un solo indicio fuerte que permita seguir en el proceso de investigación. A la fecha solamente ha ocasionado gastos al erario nacional y, tras 107 días laborales, no ha cumplido los objetivos para los cuales fue creada, como lo demuestran las resoluciones de fiscalías". señala el documento de Varas.
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