Policías y las Fuerzas Armadas resguardarán calles de Lima y Callao por 45 días
El gobierno oficializó la declaratoria de estado de emergencia en Lima Metropolitana y en la provincia Constitucional del Callao, por un plazo de 45 días, a raíz de la actual ola delictiva y criminal que azota la capital.
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El Gobierno de Pedro Castillo oficializó el decreto supremo que declara estado de emergencia en Lima Metropolitana y en la Provincia Constitucional del Callao debido a la ola delictiva que azota el país. Esto se dará por un plazo de 45 días, a raíz de la actual ola delictiva y criminal, el cual se verán implicados los derechos constitucionales.
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Según el Decreto Supremo 012-2022-PCM, publicado en la Edición Extraordinaria de las Normas Legales del Diario Oficial El Peruano la noche del jueves, establece que la Policía Nacional del Perú (PNP) mantiene el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas (FF.AA.).Dicha declaratoria fue aprobada durante la sesión del Consejo de Ministros realizada el miércoles 2 de febrero, y anunciada posteriormente en conferencia de prensa por el ministro de Defensa, José Luis Gavidia.
Esto quiere decir que el estado de emergencia se suspende los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito en el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales, comprendidos en los incisos 9, 11, 12 y 24 literal f del artículo 2 de la Constitución Política.
Además, precisa que la intervención de la PNP y de las FF.AA. se efectúa conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1186, que regula el uso de la fuerza por parte de la policía; y en el Decreto Legislativo 1095, que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 003-2020-DE, respectivamente.
Asimismo, también establece que la participación de los gobiernos locales y regionales de Lima Metropolitana y de la Provincia Constitucional del Callao es fundamental y se efectuará en el marco de la normatividad vigente en materia de seguridad ciudadana.
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