Pedro Castillo sería investigado por la Fiscalía y Contraloría debido a sus reuniones clandestina en Breña

Cada día con un paso a la cuerda floja. El presidente de la República, Pedro Castillo, se encuentra en una situación complicada tras el escándalo de sus reuniones clandestinas en el pasaje Sarratea en Breña.

A esto se suma el informe del Órgano de Control Institucional (OCI) del Despacho Presidencial que reveló que las reuniones del mandatario y el exsecretario de Palacio Bruno Pacheco, entre el 28 de julio y el 1 de agosto de este año, jamás fueron registradas.

Todo ello hace pensar que, entre las sombras y la complicidad de los faroles del pasaje Sarratea se estaría “cocinando” algo ilegal. Por ello, los especialistas han indicado que Castillo podría ser investigado por delitos contra la fe pública.

“Además de un tema administrativo, habría delito contra la fe pública al colocar una agenda paralela, el presidente está mintiéndole a la ciudadanía y le está mintiendo a las autoridades cuando piden el reporte de las visitas a Palacio de Gobierno. Porque ese no es el reporte completo y él lo sabe”, explicó la penalista Romy Chang a esta redacción.

Para Chang, Castillo habría tenido “una lista negra paralela o clandestina al registro oficial de visitas”, eso podría hacer al Ministerio Público actúe de oficio.

“Hay un control de visitas que justamente se lleva por razones de transparencia y que todos los funcionarios llevan para evitar posibles elementos de corrupción, tráfico de influencias, y cosas que son irregulares y que pueden afectar a la administración pública (…). La Fiscalía debería hacer una investigación, en todo caso, citando a los responsables como testigos”, señaló la abogada.

Por su parte, el secretario general de Transparencia, Iván Lanegra, manifestó que Castillo no solo incumplió la ley que regula la gestión de intereses en la administración pública (señalada por Contraloría), sino que estaría sometido a nuevas indagaciones por parte del órgano de control.

“Lo más alarmante de este caso son las reuniones con representantes privados, ya que habría un presunto conflicto de interés con el Estado (….) Hay que recordar que la ley que regula esto, la ley de gestión de intereses, se dio precisamente para evitar situaciones que pudieran facilitar la comisión de actos ilícitos. No cumplir con esta ley, ya es un problema serio”, comentó el letrado a La República.