Juez dictó 36 meses de impedimento de salida del país para el niño Alfredito

El Poder Judicial dictó impedimento de salida del país por el plazo de 36 meses contra el actor cómico Alfredo Benavides Gastello por la investigación seguida en su contra por integrar presuntamente en la organización criminal liderado por el ex alcalde de la municipalidad de San Juan de Lurigancho, Carlos Burgos Horna.

El juez Jorge Chávez Tamariz declaró infundado el pedido del Ministerio Público y dispuso comparecencia con restricciones contra el procesado y cumplir varias reglas de conducta como la de comunicarse con sus coinculpados comprendidos en el proceso penal, prohibición de comunicarse con los testigos y peritos, prohibición de declarar a los medios de prensa, radial escrita y televisa respecto a los hechos, no ausentarse de la localidad que reside , pagar 70 mil soles de caución y no ausentarse del país.

Todas estas reglas deben ser acatadas bajo apercibimiento de ser revocadas y ser enviado a un establecimiento penitenciario.

En su resolución, el magistrado del Sétimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, señaló que el imputado adquirió el inmueble con dos estacionamiento a su nombre en noviembre del 2015 y su posterior transferencia, así como los terrenos de la comunidad campesina de Sumbilka y de la calle Valle Riesta en Trujillo, los dos vehículos de alta gama, pero no se acreditado la ruta del dinero y que lo haya sido adquirido con dinero del sentenciado Carlos Burgos Horna.

Asimismo, determinó que el procesado Alfredo Benavides tiene arraigo familiar, laboral y domiciliario por lo tanto no existe peligro de obstaculización de la justicia ni de fuga.

El magistrado indicó que respecto a Benavides Gastello no existen sospecha grave en los elementos de convicción que presentó el representante del Ministerio Público, aunque es este caso, es grave complejo, se tiene que ordenar pericias contables, se tiene que realizar el levantamiento del secreto bancario y tributario, se tiene que realizar varias diligencias, por lo que el plazo de 36 meses que solicita el Ministerio Público es razonable.