Verónika Mendoza pide al Gobierno una reforma policial tras salida de Luis Barranzuela
La lideresa de Nuevo Perú indicó que “no existe evidencia” que el ingreso de las Fuerzas Armadas en las actividades del orden interno ayude a resolver el problema de la inseguridad ciudadana.
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La excandidata presidencial y lideresa de Nuevo Perú, Verónika Mendoza, dio a conocer su preocupación sobre la inseguridad ciudadana y el estado en el que se encuentra la Policía Nacional, luego de que Luis Barranzuela renunciara a al ministerio del interior luego de realizar una fiesta en su casa el 31 de octubre, pese a que estaba prohibido.
A través de su cuenta oficial de Twitter, Mendoza hizo un llamado al gobierno para que se desarrolle un cambio de fondo en la Policía Nacional del Perú, lo cual mejoraría el desempeño de su personal.
"Esperamos que el reciente cambio de ministro del Interior sea la oportunidad de reevaluar la RS 191-2021-IN e implementar una política integral y eficaz para combatir la inseguridad ciudadana, incluyendo la ineludible reforma policial. Urge encarar con responsabilidad el problema de la inseguridad ciudadana con una profunda reforma policial que permita fortalecer la capacidad de investigación y persecución de delito de la Policía nacional", se lee en el tuit.
Asimismo, también pidió una reforma para construir un sistema nacional de la lucha contra el crimen organizado, “articulando la actuación de la Policía, Ministerio Público, Poder Judicial e INPE”. Además, difundió un comunicado de su partido político cuestionando que las Fuerzas Armadas apoyen a la PNP en la seguridad ciudadana.
"Autorizar a las Fuerzas Armadas a desarrollar actividades de orden interno no solo es inconstitucional, puesto que este tipo de intervención solo se puede dar en el marco de un justificado y declarado estado de emergencia (artículo 137 de la Constitución) algo que no ha ocurrido en esta ocasión", se lee en el documento.
A su vez sostiene que “no existe evidencia” que el ingreso de las Fuerzas Armadas en las actividades del orden interno ayude a resolver el problema de la inseguridad ciudadana, sino que “pone en riesgo la vigencia plena de los derechos humanos”.
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