Contraloría: Gestión de Muñoz generó millonario perjuicio a la MML en contrato de funcionarios

Un informe de la Contraloría General de la República reveló que la gestión de Jorge Muñoz en la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) contrató a 10 funcionarios de confianza que no cumplían con los requisitos mínimos que establecía la norma, los cuales siete de ellos trabajaron junto al burgomaestre cuando fue alcalde de Miraflores. Ello generó un perjuicio de S/ 1 812 047,44 al municipio solo en sus salarios.

Según reveló un informe de Latina, el Órgano de Control Institucional de la MML alertó desde el 17 de mayo de 2020 que, entre enero y marzo de 2019, el municipio designó a diez funcionarios en cargos de confianza que no cumplían con los requisitos mínimos establecidos en el Clasificador de Cargos del 2013, debido a que no contaban con el título ni grados académicos requeridos para el puesto.

Además de ello, la Contraloría determinó que dichos funcionarios tampoco cumplían con “los respectivos Manuales de Organización y Funciones (MOF) de cada unidad orgánica, documentos que eran de público conocimiento; no obstante, dichos funcionarios aceptaron y ejercieron funciones en los cargos designados”.

Sin embargo, de acuerdo al órgano fiscalizador, en vez de que los funcionarios sean retirados ante la alerta, la gestión de Muñoz decidió aprobar en 2020 un nuevo Clasificador de Cargos, en el que agregó la posibilidad de acceder a un cargo de confianza sin necesidad de contar con los requisitos anteriores y solo a través de la "experiencia calificada".

Uno de los funcionarios cuestionados es Luis Ricardo Barrios Ponce, quien ocupa el cargo de subgerente de Personal y que según “la Ficha de Datos Personales sin número, de fecha 8 de enero de 2019, proporcionada por la Subgerencia de Personal de la MML no ha efectuado ninguna declaración en el recuadro de Grados y Títulos, encontrándose los casilleros sin información; asimismo, en el casillero de ‘nivel de estudio’ declara estudios de Psicología en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega”.

“A la fecha de su designación no contaba con título profesional universitario, ni grado académico de Bachiller con estudios de especialización afín al área funcional”, sostiene el informe de la Contraloría. De la misma manera, los otros funcionarios que están en el ojo de la tormenta son Ana María Gotuzzo, subgerente de Eventos y Protocolo; y Juan Francisco Giribaldi Ugaz, subgerente de Defensa Civil.

Seguidamente, el medio de comunicación precisó que el alcalde de Lima "ordenó dejar sin efecto el Clasificador de Cargos antiguo y le encargó a la gerente municipal, Gloria Corvacho, aprobar uno nuevo, a propuesta de Subgerencia de Personal; es decir, del propio Barrios Ponce, el funcionario observado por la Contraloría". Además, indica que la persona que propuso el requisito de "experiencia calificada" fue el propio Barrios Ponce.

“Para entonces, cuatro de estos funcionarios ya habían dejado de trabajar en la municipalidad y uno había adecuado su grado de bachiller. Cinco funcionarios, entre ellos Barrios Ponce, vieron su situación regularizada de esta manera. Es decir, añadiendo el ítem ‘experiencia calificada’ se intentó subsanar las irregularidades. Para la Contraloría, esto contraviene la normativa vigente al momento de la designación de los funcionarios”, sostiene Latina.

En esa línea, añadió que, según sus fuentes, el tema ya se encuentra bajo investigación de la Segunda Fiscalía Penal Corporativa en delitos de Corrupción de Funcionarios.

Jorge Muñoz tendría responsabilidad penal

Por otro lado, el informe de la Contraloría general también aseveró que el alcalde Jorge Muñoz tendría una responsabilidad "por la existencia de elementos que denotan la comisión de delito, dando mérito a las acciones legales a cargo de las instancias correspondientes”.

MML responde

Frente a dicho informe, la Municipalidad de Lima se pronunció a través de un comunicado en sus redes sociales y manifestó que “en virtud de su autonomía administrativa, la comuna limeña estableció un nuevo Reglamento de Organización y Funciones (ROF), así como un nuevo Clasificador de Cargos, aprobado en un documento que recoge la normativa vigente”.

“Precisamente, a fin de evitar alguna transgresión a la normativa, la Municipalidad de Lima consultó a SERVIR si podría aprobar un nuevo Clasificador de Cargos, obteniendo como respuesta que, en efecto, era factible contar con dicho instrumento de gestión en esta etapa de transición a la normativa de SERVIR. Esta opinión fue puesta de conocimiento al Órgano de Control Interno de la MML”, argumentan.

“Es preciso aclarar que, al no existir marco legal que restringa la aprobación o modificación del Clasificador de Cargos, no se ha transgredido o vulnerado normativa alguna. Cabe señalar que cada entidad pública es responsable de definir el contenido consistente para cada uno de los cargos”, sentencian.