Delincuencia: Pobladores viven el terror en Madre de Dios

El presidente de la Asociación de Viviendas UPIS Renacer El Castañal, Juan Ascue Huilca, denunció a una organización de traficantes de terrenos, quienes desde hace varios años se han dedicado a invadir propiedades del estado, que luego venden a cientos de personas, estafándolas con miles de soles.

El dirigente dijo que este hecho se viene dando en Madre de Dios, ante la pasividad de autoridades policiales y judiciales, que según todas las evidencias protegen a esta organización cuyas cabecillas son Vilma Contreras e Irasema Vizcarra, que para cometer sus fechorías “crearon” la asociación Tierra Prometida y Nadine Heredia.

El denunciante señalo que las traficantes se adueñaron de un terreno de 29,990 hectáreas, conocido como el fundo Elmer, que según inscripción en registros públicos le pertenece al estado, específicamente a la dirección regional de Agricultura.

También indico que más de doscientos de sus asociados pagaron entre 5 y 25 mil soles por los terrenos donde vivieron por más de diez años, sin embargo, esta banda crea una asociación denominada “Tierra Prometida”, y proceden a demandarlos ante el Juzgado Mixto de Tambopata, solicitando recobrar la propiedad, para tal efecto en pleno proceso forman otra asociación que denominan Nadine Heredia, para ser parte del juicio.

Ascue, expreso que las cabecillas de esta banda interceptaban todas las citaciones para las audiencias dirigidas a su representada, por eso nunca lograron presentarse al proceso, logrando su objetivo que el juez civil permanente de Tambopata, Luis Fernando Boto Cayo, los declare en rebeldía, pese haber probado que jamás las notificaciones les llego a su organización o defensa legal.

Con el fallo favorable a sus intereses, las traficantes Vilma Contreras (Tierra Prometida) e Irasema Vizcarra (Nadine Heredia), concilian extrajudicialmente, y determinan que la asociación Nadine Heredia, se allana a la demanda, le da la razón a Tierra Prometida, y devuelve el terreno, el mismo es aprobado por el juez Boto Cayo, el año 2015, con mérito de sentencia, y reconoce a Contreras, como poseedora de la propiedad.

Tras esta decisión, el juez civil permanente Wilmer Fernando Quispe Pacheco, un 27 de noviembre del 2020, dispone en plena pandemia, el desalojo con descerraje, actuando con inusitada rapidez el Ministerio Publico y la Policía, sin considerar el certificado vigente de posesión otorgado por el municipio de Tambopata, pese a la resistencia de los afectados, las traficantes lograron su objetivo de despojarlos del terreno que la misma Vilma Contreras, les había vendido.

Finalmente, los representantes de cientos de afectados informaron que la decisión final está en manos de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios, a cargo de Lourdes Raquel Torreblanca, quien deberá convocar a una audiencia para la vista de la causa, donde esperan declare la nulidad del ilícito proceso y la apertura de uno nuevo, con todas las garantías y de acuerdo a ley.