Asesor de Ciro Gálvez fue denunciado por intentar entregar coima para reducir pena de un violador
Se trata de Juan Matos, quien fue suspendido como juez en el 2011 por presuntamente recibir coimas para reducir pena de un acusado por abuso sexual.
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Nuevamente el gabinete de Guido Bellido se encuentra en el ojo de la tormenta tras revelarse que dos asesores del titular del Ministerio de Cultura, Ciro Gálvez, están envueltos en caso de corrupción y organización criminal.
El caso más grave es de Juan Carlos Matos Benavente, quien fue denunciado por Eva Nancy Torres Macario en el 2010 por intentar, a través de Carla Abad Bazán y Maricel Sánchez, dar una coima de 5 mil soles para reducir la pena de un violador.
Según contó Eva Nancy, su hija había sido abusada sexualmente por su sujeto en el 2010. Tras el hecho el juez Juan Carlos Matos, que veía el caso, buscó sobornar a la madre de la víctima para disminuir la pena del violado y obtenga su libertad en 3 meses.
Tras el hecho, la Jefatura de la Oficina de Control de Magistratura del Poder Judicial suspendió preventivamente a Matos como juez supernumerario del Juzgado Civil de La Merced, Corte Superior de Justicia de Junín.
“(…) existen fundados indicios de ser un modus operandi con la finalidad de obtener beneficios a expensas de procesos que son tramitados a cargo del juez investigado”, se lee en la resolución al recurso de apelación presentado por Matos que data de agosto de 2011.
Añade que no se advierte irregular alguna en cuanto a la calificación como aduce el juez suspendido. “Se encuentra debidamente justificada”, se acota en la resolución.
Además, documentos extraídos de la computadora del juez permitieron inferir que el juez investigado también estaría ejerciendo la defensa de terceras personas, actividad que está prohibida de ejercer por el cargo que ostentaba.
Otro caso irregular
En la misma cartera de Cultura, se encuentra como asesora Yolanda Cárdenas Morán, quién fue sancionada con una multa de 10 unidades de referencia procesal por incumplimiento de sus deberes establecidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial.
A ella se le acusa de coludirse con otros abogados para retrasar el proceso contra Pedro Raúl Guzmán Molina, acusado junto a Ludith Orellana Rengifo y otros por asociación ilícita, cohecho activo y cohecho pasivo.
Ante ello, el colegiado cuestionó el momento en que actúa Cárdenas cuando las resoluciones se le han estado entregando desde agosto del 2018. “(…) porque recién devuelve solo las notificaciones (…) y, coincidentemente, al día siguiente de que las defensas formularon la nulidad [del proceso]”, se lee en la resolución.
“ (…) los letrados –incluida la solicitante (Yolanda Cardenas)- actuaron con temeridad procesal a efectos de entorpecer y retrasar el desarrollo normal del proceso (…)”.
Por ello, se dictó declarar infundado el pedido de Cárdenas para anular la sanción de 10 unidades de referencia procesal por incumplimiento de sus deberes establecidos en la LO del PJ.
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