Defensoría pide al presidente electo Pedro Castillo alejarse de personas vinculadas a la corrupción

Por medio de un comunicado, la institución pidió al virtual mandatario liderar la lucha anticorrupción y aseguraron que la cercanía de personas que han incurrido en ese tipo de delitos resulta especialmente peligrosas.

Aseguraron que la cercanía de personas que han incurrido en ese tipo de delitos resulta especialmente peligrosas.

Aseguraron que la cercanía de personas que han incurrido en ese tipo de delitos resulta especialmente peligrosas.

Crédito: Composición: El Popular
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La mañana de este miércoles la Defensoría del Pueblo emitió un comunicado saludando la proclamación de Pedro Castillo como nuevo presidente del Perú y lo exhortó a liderar la lucha anticorrupción, además de mantener distancia de personas que han incurrido en ese tipo de delitos.

En efecto, a través de su pronunciamiento la institución señaló considerar que la cercanía al poder de personas que han cometido delitos de corrupción resultan especialmente peliogrosas, ya que “pone en riesgo la objetividad de la investigación de estos delitos y la imparcialidad de la actividad jurisdiccional dirigida a sancionarlos”.

“Consideramos que el presidente de la República tiene la obligación constitucional de liderar la lucha contra la corrupción y mantener la integridad de dicho cargo, alejando de su entorno a personas investigadas y, con mayor razón, condenadas por delitos de corrupción”, mencionaron.

Asimismo, destacaron sus competencias establecidas en el artículo 162º de la Constitución para remarcar su posición respecto a las funciones que cumplen las autoridades y funcionarios del Estado peruano en la lucha contra este acto delictivo.

"Cabe señalar que la corrupción genera una pérdida anual de más de 23 mil millones de soles del erario nacional, tal y como ha sostenido la Contraloría General de la República. El costo de este flagelo no es solo económico, sino también representa un obstáculo para garantizar el pleno goce de los derechos fundamentales y la adecuada prestación de servicios públicos en nuestro país", sostiene el escrito.

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De acuerdo a la institución, la corrupción no solo daña las bases del sistema democrático y perjudica la legitimidad de las intituciones, sino que también vulnera los derechos de las personas, sobre todo en quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.

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