Congreso: Presentan denuncia constitucional contra Sagasti, Bermúdez y Ugarte
El denunciante César Gonzales Tuanama solicitó a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aplicar la inhabilitación por 10 años a los denunciados.
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Luego de que el Pleno del Congreso de la República rechazara el pedido del congresista César Gonzáles Tuanama de censurar a la Mesa Directiva, nuevamente, este parlamentario de la bancada Descentralización Democrática vuelve a realizar una solicitud. Esta vez interpuso una denuncia constitucional contra el mandatario Francisco Sagasti; la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez; y el ministro de Salud, Óscar Ugarte.
Según sus argumentos, la denuncia se basa en la publicación que hizo Martín Vizcarra en sus redes sociales, en la cual se presenta con personal médico después de haber recibido una tercera dosis contra el COVID-19. “(Esto) pese haberlo hecho (anteriormente) junto a su familia y otros altos funcionarios”, se explica en el documento que hace referencia al caso Vacunagate.
En esa línea, el parlamentario sostiene que Francisco Sagasti, Violeta Bermúdez y Óscar Ugarte habrían transgredido el artículo 9 y 38 de la Constitución. Se les culpa de, presuntamente, los delitos correspondiente a la omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales. Y otro por peculado doloso.
“Lo señalado, no hace más que demostrar que los denunciados infringieron la Constitución, flagrantemente, y poseen una total responsabilidad penal dolosa y omisiva a la vez respecto del aprovechamiento y favorecimiento indebido que realizó el expresidente este 27 de junio; pues dicha conducta no comprende un mero ‘error’ del sistema, como lo ha precisado el titular del Minsa”, resalta el documento.
Para César Gonzales Tuanama, Martín Vizcarra se habría vacunado por tercera vez con permiso del Gobierno de Sagasti, de la primera ministra y el Óscar Ugarte.
Finalmente, solicitó a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República, presidida por el congresista Carlos Pérez Ochoa (Acción Popular), que se aplique la inhabilitación por 10 años a los denunciados y se remita al Ministerio Público la denuncia conforme a ley.
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