Misión de la OEA ratifica su respaldo a la legitimidad del proceso electoral peruano
En un nuevo pronunciamiento, el organismo respaldó el trabajo que vienen realizando las autoridades electorales sobre los recursos de nulidad de Fuerza Popular y se manifestó sobre la renuncia de Luis Arce Córdova.
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La Organización de los Estados Americanos (OEA) en Perú emitió un nuevo comunicado donde ratifica su respaldo a la legitimidad del proceso de la segunda vuelta de las Elecciones 2021 y resaltó el trabajo que vienen realizando las autoridades electorales respecto a los recursos y apelaciones presentados por Fuerza Popular para anular actas de sufragio.
En ese sentido, destacó la labor que vienen desempeñando el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y los los Jurados Electorales Especiales (JEE) sobre las acciones de nulidad presentadas por la agrupación que lidera Keiko Fujimori y concluyó "que la actuación de los órganos jurisdiccionales se ha apegado a la normativa vigente".
"La Misión observó que los partidos políticos en contienda tuvieron las mismas oportunidades para presentar sus reclamos y ser escuchados, y constató que las decisiones de los órganos electorales colegiados son deliberativas, expeditas y públicas", reza el comunicado.
Por otro lado, también se refirió sobre la "insólita" declinación del magistrado y representante del Ministerio Público ante el JNE, Luis Árce Córdova, "en un momento tan delicado del proceso electoral" y manifestó que dará seguimiento "a la convocatoria del representante del Ministerio Público que corresponda, y de esa manera poder cumplir con su deber constitucional y con los tiempos electorales".
OEA insta a evitar las noticias falsas y rechaza ataques a autoridades electorales
El el mismo comunicado, la OEA rechazó la difusión de noticias falsas en este momento providencial para la democracia del país e invocó tanto a los actores políticos como a la ciudadanía a que "se conduzcan con responsabilidad y serenidad".
"Asimismo, (la OEA) rechaza las manifestaciones que se han realizado en los domicilios particulares de los miembros de las autoridades electorales y que violentan su derecho a la privacidad. Estas conductas son inaceptables en una democracia", sentencia el organismo.
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