Sala rechaza recusación contra juez Víctor Zúñiga Urday del caso Cócteles
El juez Víctor Zúñiga deberá resolver sobre el pedido de nulidad del cierre de las investigaciones contra la candidata presidencial Keiko Fujimori.
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El juez de investigación preparatoria Víctor Zúñiga Urday continuará con las audiencias contra la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori por el caso cócteles y sus vínculos con Odebrecht y en los próximos días debe pronunciarse sobre el pedido de nulidad del cierre de las investigaciones planteado por la defensa de Lorena Gamero.
El magistrado del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional seguirá con el caso, luego que la Segunda Sala de Apelaciones de Crimen Organizado del Poder Judicial declaró improcedente la recusación presentada por una de las investigadas contra el juez Víctor Zuñiga Urday.
La resolución indica, “Los magistrados de la Segunda Sala de Apelaciones Nacional Permanente de Crimen Organizado resuelven declarar improcedente la recusación formulada por la defensa técnica de Lorena Mariana Gamero Calero contra el juez del Cuarto Juzgado Investigación Preparatoria Nacional, Víctor Zúñiga Urday, disponiéndose por ende que el citado magistrado continúe el proceso conforme a la ley".
Además los magistrados del Tribunal, le impusieron una sanción administrativa de amonestación al abogado de la investigada Lorena Gamero Calero, Juan Criss Torres Alzamora por la vulneración del Código de Ética Profesional y puede considerarse que la recusación interpuesta constituye una maniobra maliciosa y dilatoria.
El fiscal José Domingo Pérez pide 30 años y 10 meses de cárcel para la candidata presidencial Keiko Fujimori tras acusarla de liderar una organización criminal que se enquistó en el partido de Fuerza Popular y habría recibido dinero de la empresa Odebrecht para su campaña presidencial del 2006 y 2011.
Mientras que para la abogada Lorena Gamero Calero el fiscal pide 6 años y 6 meses de pena privativa de la libertad y se basa en que los letrados habrían presuntamente cometido el delito contra la administración de justicia en modalidad de obstrucción.
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