El 60 % de personas que viven con VIH han perdido su trabajo a causa de la pandemia

Un estudio realizado por la Alianza Liderazgo en Positivo (ALEP), reveló que seis de cada diez personas que viven con VIH en el país no cuentan con un trabajo y el 23 % de ellos afirma haber perdido el empleo desde el inicio de la pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19).

Asimismo, en dicha encuesta realizada en comunidades de personas con esta condición y poblaciones clave en Perú, señala también que el 80 % de los 101 encuestados tienen ingresos inferiores a los 1000 soles debido a la situación que atraviesa el territorio nacional.

“La COVID-19 coloca a las personas con VIH y poblaciones clave (personas transgénero, trabajadores/as sexuales, hombres gays y usuarios de drogas) en situación de vulnerabilidad frente a la pandemia, la que se agrava por el estigma cuando las personas son de la comunidad LGTBI o trabajadoras/es sexuales”, mencionó la vocera de ALEP, Leída Portal.

Por otro lado, el análisis determinó que el 46 % de estas personas se encuentran viviendo en un inmueble alquilado o no tienen un lugar dónde vivir, situación que pone en riesgo su salud, integridad y seguridad, ya que no cuentan con los ingresos suficientes para pagar un alquiler, estando expuestos a un desalojo.

En tanto, el último estudio de prevalencia de VIH en poblaciones vulnerables de Latinoamérica determina que 1 de cada 10 hombres de la comunicad LGTB vive con el Virus de la Inmunodeficiencia Humana y 3 de cada 10 mujeres transgénero también vive con el virus.

“Sin embargo, no vemos que se dedique mayor presupuesto a la prevención ni estrategias más acordes con la evidencia actual ni hay transparencia en el gasto en fondos para VIH”, manifestó Fernando Cisneros, vocero de la Red Latinoamericana de Personas con VIH (Redla+).

Frente a ello, las organizaciones la importancia de la aprobación de propuestas que buscan la modificación de la norma. Entre ellas está la aprobación de políticas públicas de profilaxis preexposición, la no obligatoriedad de la prueba para gestantes con VIH y el aseguramiento a la atención integral de la salud sexual y reproductiva para mujeres con VIH.

Además, resaltan los cambios que se le deben hacer a la Ley 28243 (ampliatoria de la ley Contrasida) para incorporar a esta y otras poblaciones vulnerables de VIH a los programas sociales, además de incluirlos en el grupo prioritario para acceder a la vacuna contra el COVID-19.