Sala confirmó resolución que rechazó suspender actividades del partido de Fuerza Popular
La Segunda Sala Penal de Apelaciones declaró nulo el extremo que impuso como medida alternativa, vigilancia judicial al partido político.
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Por unanimidad, la Segunda Sala Penal de Apelaciones en Crimen Organizado confirmó la resolución que declaró infundado el requerimiento de suspensión temporal de las actividades políticas del partido Fuerza Popular.
El Poder Judicial declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público contra la resolución del juez de primera instancia que rechazó suspender por dos años y medio las actividades políticas del partido Fuerza Popular, investigado por el presunto delito de lavado de activos por el caso Odebrecht.
Asimismo, la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional Permanente Especializada en Crimen Organizado, integrada por los magistrados Quispe Aucca, Gálvez Condori y Medina Salas, declaró nulo el extremo que impuso como medida alternativa, vigilancia judicial al partido político Fuerza Popular, en la investigación seguida a Keiko Fujimori por lavado de activos.
Como se recuerda, el juez Víctor Zúñiga Urday del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, dispuso una medida de vigilancia judicial, con lo que el partido deberá informar al juzgado una serie de documentos sobre su situación financiera y sus obligaciones crediticias e indicar las deudas, ingresos y gastos de la organización política, cada 15 días y por el plazo de dos años.
Esta resolución, fue apelada por el fiscal del equipo Lava Jato, José Domingo Pérez e insistía en suspender temporalmente al partido Fuerza Popular, en el marco de las investigaciones por el caso Odebrecht, alegando que "la medida de vigilancia judicial impuesta no es proporcional para cautelar al partido político Fuerza Popular, no garantizará que la persona jurídica que viene siendo instrumentalizado por una organización criminal, cese los efectos lesivos de los presuntos delitos de lavado de activos y los actos de obstrucción perpetrados".
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La Fiscalía solicitó la suspensión temporal de las actividades de Keiko Fujimori y otros investigados por el presunto delito de lavado de activos en el caso conocido como "cócteles", tras ser investigada por la simulación de actividades de parte de la organización para recibir aportes ilícitos durante su campaña.
